La suspensión sin goce de haberes del senador puntano Raúl Ochoa, condenado por una cámara federal por votar en dos ocasiones en las elecciones de 2001, bien podría ser definida como la crónica de una muerte anunciada. Aunque la sentencia no está firme –el legislador todavía tiene la posibilidad de apelar ante la Cámara de Casación–, cuenta con el peso de pruebas lo bastante contundentes como para que el Senado no las tenga en cuenta. Salvo por la posición del riojano Eduardo Menem, quien se inclinó por esperar que se defina la última instancia judicial, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales se inclinó por firmar el dictamen que recomienda la suspensión. Medida que tiene como antecedente más cercano el caso del cordobés Eduardo Angeloz, suspendido mientras enfrentaba un proceso por enriquecimiento ilícito.
La suspensión de Angeloz quedó sin efecto el 7 de octubre de 1998, cuando fue absuelto en los tribunales. Había comenzado dos años antes, en junio de 1996. Al igual que ahora con Ochoa, en aquella ocasión el cordobés fue suspendido sin goce de haberes. A diferencia del Pocho, como se lo llamaba al cordobés, el puntano se enfrenta a los últimos meses de su mandato que vence el 10 de diciembre. Salvo la voz aislada de Menem, quien se preocupó en aclarar que la suya no era una defensa personal, no se escuchó ninguna otra voz que justificara o hiciera el esfuerzo de comprender el comportamiento de Ochoa. Ni siquiera su coprovinciana y ex compañera de bancada Liliana Negre de Alonso dijo una palabra en su favor.
“Sería poco entendible para la ciudadanía que este cuerpo no sólo no tomara ninguna decisión, sino que le permitiera a Ochoa seguir votando leyes”, dijo Cristina Fernández de Kirchner al fundamentar el proyecto que recomienda la suspensión. En diálogo con este diario, la legisladora adelantó que el oficialismo intentará que el tema sea aprobado en la sesión de hoy. Para ello necesita el aval de los dos tercios de los presentes para incluir en la agenda de temas a tratar. Posteriormente también necesitará el respaldo de los dos tercios de los senadores para conseguir la suspensión. Algo no imposible si se tiene en cuenta que el radicalismo es uno de los más fuertes impulsores de la sanción a Ochoa.
El tema viene de vieja data y se remonta al momento en el que el senador presentó su pliego a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. En ese momento la UCR lo impugnó y presentó un proyecto para impedir su asunción. Cristina Kirchner comentó que “a principios de 2002 había llegado a la comisión un pedido judicial reclamando el desafuero de Ochoa por su rebeldía” frente al proceso. “Ochoa accedió a declarar porque si no su desafuero se hubiera votado inmediatamente”, dijo la senadora.
Lo que siguió no fue menos ríspido. La comisión resolvió delegar en una subcomisión el ordenamiento de las pruebas que permitan decidir sobre el proyecto del radical puntano Jorge Agúndez, sobre la intervención del Poder Judicial en San Luis. A pesar de que Negre de Alonso reclamó a sus pares que lo escucharan al viceministro de la legalidad, Mario Zabala, quien en la segunda fila de asientos esperaba la oportunidad de responder a los dichos de la ex camarista Marina Zilioto –quien la semana pasada contó con lujo de detalles que cuando asumió en su cargo en San Luis le pidieron que firmara por adelantado su renuncia al puesto–, los senadores decidieron delegar la cuestión en una subcomisión.
No son pocas las cuestiones que les esperan a los legisladores. Por lo pronto definir criterios y resolver a cuántos de los 34 testigos de esta causa deciden citar. A su ritmo, un tanto lento, marcha la definición de la intervención a la Justicia puntana.