El gobierno bonaerense intervino ayer en el puerto de Dock Sud, desplazó al administrador Osvaldo Montes de Oca y lo reemplazó por el prefecto retirado Roberto Camps, quien tomó posesión en el marco de un gran operativo policial para evitar cualquier reacción del gremio portuario, que respaldaba al funcionario depuesto. Tal como adelantó en exclusiva Página/12 el domingo pasado, la movida se produjo en el marco de la denuncia de una gran cantidad de irregularidades, incluyendo maniobras con millonarias tasas portuarias, alquileres truchos en la zona del puerto, destrucción de páginas de expedientes y, sobre todo, sospechas de existencia de contrabando de combustible, ingreso clandestino de ciudadanos orientales e incluso tráfico de precursores químicos para el procesamiento de cocaína.
El gremio portuario niega categóricamente los cargos y sostiene que ni siquiera tiene facultades de control sobre el contrabando o el ingreso de ciudadanos chinos, lo que está a cargo de la Aduana y de Migraciones. En el gobierno bonaerense, en cambio, afirman que tienen indicios que los llevarán a realizar una profunda investigación a partir de hoy mismo.
El puerto de Dock Sud es el segundo más grande de la Argentina y el primero en movimiento de containers, que es el sistema por el cual hoy se importan y exportan los productos elaborados. El administrador es designado por el gobernador y lleva el título de “delegado provincial del puerto”. Montes de Oca hizo una carrera llamativa: entró como chofer, fue respaldado por el gremio portuario y terminó en el máximo cargo. Un anterior intento de remoción del delegado llevó a amenazas, violencia e incluso ataques a los domicilios particulares de los funcionarios, mientras que Montes de Oca se autoproclamó “administrador disidente”. Esta vez, el traspaso del cargo se hizo en forma pacífica.
Los dirigentes del gremio portuario sostienen que no se les puede imputar de ninguna manera responsabilidad en temas como el contrabando de petróleo o el ingreso ilegal de ciudadanos de origen oriental. “El administrador Montes de Oca no tiene facultades para controlar, sino que está a cargo de la administración del puerto. Es un recaudador. Nosotros ni siquiera entramos a los sectores de control, que están en manos de la Aduana y de Migraciones”, señalaron a Página/12 los líderes del sindicato.
En el gobierno bonaerense admiten que efectivamente el organismo de administración de Dock Sud no tiene facultades en ese terreno, pero “si esos delitos existieron, desde ya no se pueden hacer sin que las cosas hayan ocurrido delante de las narices de los que manejaban el puerto hasta ayer. El punto clave será la investigación que se pondrá en marcha”. Lo que sí cuestionan en La Plata es que no hay coincidencia en los informes de Prefectura de los barcos ingresados a puerto y los informes de Montes de Oca. “La cantidad de barcos es la misma, pero el tonelaje completamente distinto. Eso podría significar una maniobra enorme y que alguien se está quedando con millonarias cifras de recaudación de la tasa portuaria. También hay indicios de cesión irregular de terrenos del puerto y está la desaparición de páginas en expedientes, por ejemplo de licitaciones”, argumentaron en La Plata.
Las discrepancias y sospechas llevarán a que la nueva administración, a cargo del prefecto Camps, realice una extensa auditoría. El ministro de la Producción bonaerense, Gustavo Lopetegui, ordenó ayer mismo poner en marcha ese estudio que seguramente dará las claves para saber si las acusaciones son fundadas o infundadas. De acuerdo con informes que se manejan en el Poder Ejecutivo, en la zona de Dock Sud se pasa combustible desde los grandes petroleros a barcazas supuestamente areneras. Ese fluido pasa entonces al mercado negro, se mezcla con solvente y se vende luego en determinadas estaciones de servicio o se contrabandea a Paraguay. También los informes hablan de que vía marítima, en esas mismas barcazas, vienen hacinados ciudadanos de origen oriental, se los ingresa en forma ilegal al país, los hacen trabajar casi como esclavos mientras les gestionan los documentos de residencia. Los portuarios dicen que de comprobarse esos delitos, habrá que apuntar a la Aduana y a Migraciones y que son ellos, los dirigentes gremiales, los que hasta ahora han hecho numerosas denuncias sobre irregularidades.