El juez en lo Penal Económico Carlos Liporace, quien se hizo conocido públicamente cuando estuvo al frente de la causa por las narcovalijas, fue citado por el Consejo de la Magistratura para que brinde explicaciones por su actuación en un viejo expediente vinculado con la curtiembre Yoma, que fue beneficiada con un reintegro irregular de impuestos por 8,5 millones de pesos.
Liporace, quien fue apartado del caso Southern Winds por su presunto mal desempeño, deberá enfrentar al Tribunal de Acusación del Consejo el próximo 2 de junio. Luego de escuchar el descargo del juez en esta suerte de declaración indagatoria, los consejeros definirán si impulsan o no un juicio político en su contra.
El magistrado fue denunciado en este expediente por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, el mismo tribunal que lo apartó hace dos semanas de la investigación por el contrabando de cocaína a España en un vuelo de línea de SW.
La causa contra la curtiembre se inició a fines de los ’90 por una denuncia de la AFIP, que reclamaba al grupo Yoma el pago de 2.717.350 pesos por reintegros de IVA, ya que esa dependencia oficial descubrió que la empresa había utilizado en distintas oportunidades los mismos documentos para exigir este tipo de devoluciones. Mientras ese expediente avanzaba, Liporace reclamó a la Cámara Civil de La Rioja, donde se tramitaba la quiebra de la empresa, que le remitiera alrededor de 11 millones de pesos que ese tribunal había embargado a la DGI por considerar que le correspondían al Grupo Yoma.
Cuando los fondos estuvieron a disposición del juzgado, el abogado del grupo empresario, Guillermo Luis Yoma, le pidió a Liporace que de los 11 millones de pesos se descontaran el monto reclamado por la AFIP y que el resto fuera liberado a favor de la empresa. El magistrado hizo lugar rápidamente al reclamo y devolvió a la curtiembre 8.544.050 pesos que fueron depositados en una cuenta de Yoma S.A.
El 22 de junio de 2004, los camaristas de la Sala B Roberto Hornos y Marcos Grabivker anularon todo lo actuado por Liporace, lo apartaron de la investigación, y lo denunciaron ante la Cámara Federal y ante el Consejo de la Magistratura, donde deberá exponer sus argumentos para evitar el juicio político.
Los camaristas aseguraron que en esa operación hubo “graves e injustificadas inobservancias” por parte de Liporace, quien liberó ese dinero pese a que inicialmente había sido embargado por un juzgado de otra jurisdicción. Además, señalaron que el juez adoptó la medida sin pedir la opinión de la fiscalía y recién la notificó a la AFIP tres días después.