El ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique fue señalado como el operador de la maniobra del pago de sobornos a los senadores a cambio de la aprobación de la ley de Reforma Laboral, pero, hasta ahora, no había sido indagado por la Justicia. El lunes, el juez federal Daniel Rafecas ordenó su citación, que se concretará el 23 de mayo próximo. El magistrado, que ya realizó la mayoría de las medidas que la Cámara Federal había considerado necesarias para corroborar el testimonio del “arrepentido” Mario Pontaquarto, también convocó a los ex senadores José Genoud, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Alberto Tell.
La causa por los sobornos en el Senado había entrado en una impasse después de que los camaristas Martín Irurzun y Horacio Vigliani invalidaran el procesamiento que había dictado en enero del año pasado el juez Rodolfo Canicoba Corral contra Pontaquarto, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y los ex senadores José Genoud y Emilio Cantarero.
Esa medida se basó, entre otras cosas, en que los jueces consideraban que la confesión del ex secretario parlamentario no había sido chequeada lo suficiente. Aunque en la práctica la resolución significó un retroceso importante en la investigación, en teoría implicaba que el magistrado de primera instancia debía realizar nuevas medidas de pruebas y, luego, definir si mantenía los procesamientos o no.
En el ínterin el expediente cambió de juez, ya que Rafecas asumió a cargo del juzgado que estaba subrogando Canicoba Corral. El nuevo magistrado concretó algunas de las medidas pedidas por el tribunal superior, como realizar nuevamente los reconocimientos en la SIDE y en la casa del ex senador Emilio Cantarero, escuchar nuevos testimonios y careos y hacer entrecruzamientos más detallados de llamadas telefónicas. Entre otras cosas, Rafecas volvió a escuchar a Pontaquarto un par de veces y su testimonio le habría parecido creíble.
El magistrado consideró ahora que la investigación llegó a un punto en el que es necesario interrogar a Flamarique y ampliar las indagatorias de los cuatro ex senadores que declararon ante otros jueces. El ex ministro será el primero en hablar ante el juez el 23 de mayo próximo. Esa misma semana lo harán los demás imputados.
“Para ésos tengo la Banelco.” Esa fue la famosa frase que según el líder de la CGT, Hugo Moyano, le dijo Flamarique cuando él le señaló que la Ley de Flexibilización Laboral no iba a pasar el Senado. También aludió al ex titular de la cartera de Trabajo el senador Rodolfo Terragno. Cuando declaró como testigo en la causa, aseguró que, a raíz de que algunos medios lo mencionaban a él como la persona del Ejecutivo que debía interceder con los legisladores para que aprobaran la Ley de Reforma Laboral, De la Rúa dejó muy en claro en un desayuno de trabajo que “el único negociador” de esa norma era Flamarique.
En su confesión, Pontaquarto aseguró que el 18 de abril de 2000 retiró cinco millones de pesos de la SIDE, de manos de la secretaria del ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes, y que el 26 por la noche, después de que se sancionara la Ley de Reforma Laboral, llevó cuatro millones trescientos al departamento de Cantarero. Los otros setecientos mil habrían sido entregados a Genoud el 27 por la mañana, en su despacho del Senado.
Según el “arrepentido”, Genoud le habría dicho que iba a compartir la plata con el entonces ministro Flamarique. Cantarero, a su vez, le entregó al ex secretario parlamentario una hoja en la que figuran los apellidos o apodos de ocho senadores que habrían recibido coimas: Alasino, Tell, Constanzo, Julio San Millán, Hugo Sager, Carlos de la Rosa, Beatriz Raijer y José Luis Gioja.
El documento –una hoja tamaño A4 un poco amarillenta que tiene como encabezado “senador de la nación”– fue entregado por Pontaquarto a la Justicia pero por el momento las pericias no habrían podido establecer si una espacie de firma que figuraba en el papel pertenece a Cantarero. Después de interrogar a los imputados, Rafecas tendrá diez días para definir si los procesa. Si bien el juez no convocó a De Santibañes ni a Cantarero, fuentes judiciales explicaron que, como sus declaraciones ya constan en el expediente, no es necesario repetir esa medida para volver a expedirse sobre la situación de estos acusados.