Tras un mes y medio de marchas y contramarchas, el gobernador Felipe Solá anunció ayer la fecha de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos y alianzas electorales de la provincia. Será el domingo 31 de julio. Ese día se elegirán los candidatos a diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Una semana después, el 7 de agosto, se realizarán las internas nacionales, fijadas por el Ejecutivo hace más de un mes. Originalmente, la intención de Solá era hacer coincidir los dos cronogramas. No pudo ser. La legislación bonaerense dispone que la elección provincial debe realizarse con el padrón general, mientras que en la nacional se usan padrones especiales para cada partido, que incluyen a los afiliados e independientes.
La decisión se comunicó a través de los decretos 953 y 954/05. La elección de la fecha no fue fortuita. Por el contrario, fue cuidadosamente estudiada. El felipismo eligió el 31 de julio porque estará muy cerca –apenas una semana– de la interna nacional del 7 de agosto. Se supone que en esa fecha se consagrará la candidatura a senadora de Cristina Kirchner por el Frente para la Victoria. Por esa razón, el gobernador decidió convocar la interna lo más cerca posible de la definición de candidatos a nivel nacional. Así, piensan, podrán asociar su suerte al eventual “efecto Cristina” que se desatará en esos días.
El cronograma que fijó Solá tuvo la aprobación de todos los partidos. El PJ bonaerense –que domina con holgura el duhaldismo– pretendía que la interna se realizara el 26 de junio. Sin embargo, ayer festejó como un triunfo la convocatoria y aprovechó la ocasión para cuestionar la “manipulación” del gobernador. “No pasaba una semana sin que Felipe cambiara de libreto. El no podía usar su cargo institucional en beneficio propio en el marco de una campaña electoral”, cargó ante Página/12 un operador cercano al diputado Alfredo Atanasof.
Hasta que llegue el momento de la interna, la pelea entre duhaldistas y felipistas seguirá en otro escenario: el congreso del PJ bonaerense que se celebrará el 29 de mayo en Lanús. La decisión de convocar a los congresales –son unos 900– del partido partió del propio Eduardo Duhalde. Antes de partir a Rusia representando al (por estos días convulsionado) Mercosur, Duhalde dispuso que se llamara al congreso para revalidar los mandatos de las autoridades partidarias y cumplir con lo que manda la Justicia electoral.
El presidente Néstor Kirchner no guarda un buen recuerdo de los congresos partidarios. En el último cónclave que se hizo a nivel nacional, su esposa Cristina sufrió el hostigamiento del 70 por ciento de los asistentes. Los congresales del PJ no suelen ser muy proclives al discurso frentista y abierto a otras fuerzas políticas que pregonan desde la Casa Rosada. En el duhaldismo imaginan un escenario similar para el congreso del PJ bonaerense: de los 900 congresales, 600 son duhaldistas. Así, con un entorno favorable asegurado, Duhalde está preparando algunas sorpresitas para felipistas y kirchneristas: la movida más audaz será condenar con una expulsión por 10 años a todo dirigente que se presente por fuera del partido en las próximas elecciones.
Esa decisión apunta, sobre todo, a los intendentes que son presidentes del partido en sus distritos y que están estudiando presentarse en la elección general por fuera de la lista justicialista, a través del Frente para la Victoria. La amenaza, si se concreta, expresará las paradojas del pragmatismo justicialista: en la misma ocasión el duhaldismo piensa amnistiar a los afiliados que se presentaron por fuera del PJ en las elecciones de 2003: el perdón beneficiará a quienes compartieron listas con Luis Patti y Aldo Rico, con quienes Duhalde está negociando bajo cuerda.