El ex ministro de Defensa Oscar Camilión confirmó ante la Justicia que cobró un sobresueldo de 30 mil pesos/dólares mensuales mientras fue parte del gabinete de Carlos Menem. El ex funcionario, que ya había admitido este hecho ante el juez Julio Speroni, presentó ayer un escrito ante Jorge Ballestero, quien lo interrogará el lunes próximo. En cambio, su ex compañero Domingo Cavallo puso en práctica una estrategia para evitar declarar en la causa en la que se investiga el pago irregular de dinero a funcionarios durante los ’90. El ex ministro de Economía sacó a relucir dos causas en las que fue sobreseído, una por evasión y otra por enriquecimiento ilícito. Su argumento fue que ya fue juzgado por los hechos que investiga el fiscal Paulo Starc. Mientras Cavallo gana tiempo, un nuevo testigo habló ayer de los sobresueldos y los diferenció de los “gastos protocolares”.
Camilión había admitido que cobraba sobresueldos de 30 mil pesos/dólares cuando, a partir de la investigación por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, se detectó una cuenta en Suiza a su nombre con dos millones de dólares. El ex ministro justificó ese dinero –y se defendió de la acusación de haber cobrado coimas– a través de los sobresueldos. Ahora le pidió a Ballestero que solicitara al juez Julio Speroni una copia de su declaración y le sugirió que tomara como medidas de prueba la presentación de sus declaraciones juradas. Camilión sostuvo que no había constancias formales del dinero que se cobraba en negro, pero señaló que documentaba las partidas cada vez que las recibía y que podría aportar ese material.
Cavallo tenía que presentarse ante el juez el martes próximo. Pero su abogado Eduardo Oderigo señaló en un escrito que el ex ministro fue sobreseído en 1998 por el juez en lo penal económico Jorge Brugo, que lo investigó por evasión fiscal, y en 2003 por la jueza María Servini de Cubría, quien llevaba el expediente en el que estaba acusado de enriquecimiento ilícito. Oderigo argumentó que en esas causas ya se ventiló el cobro de “compensaciones de gastos” provenientes de fondos reservados. Ahora Ballestero debe decidir si Cavallo fue investigado por los mismos hechos que le imputa Starc.
Luis Murina, ex subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Economía y amigo de la infancia de Cavallo, tampoco se presentará ante el juez la semana próxima. El hombre que fue señalado como el “repartidor” de los sobres en negro al equipo de Hacienda tiene un grave problema de salud y todo parece indicar que su indagatoria quedará en el aire.
La causa de los sobresueldos sumó ayer un nuevo testigo. El ex secretario de Defensa Jorge Pereyra de Olazábal aseguró que durante la gestión de Carlos Menem había “radio pasillos” que señalaban la existencia de pagos a funcionarios con fondos reservados. El titular de la UCedé porteña negó haber cobrado dinero por izquierda, pero admitió que recibía un monto similar a su sueldo básico en concepto de “gastos de protocolo” y dijo que esa suma figuraba en el recibo de su salario.
La distinción entre sobresueldos y “el reintegro de gastos protocolares” la inició Cavallo el domingo a través de una declaración publicada en su página web. Allí el ex ministro aseguró que los gastos protocolares “se limitaron a cifras de hasta 6500 pesos mensuales para los ministros, 5700 para los secretarios y 4900 para los subsecretarios” y que a partir de 1994 existió un decreto que justificaba estos ingresos “extra”.
Sin embargo, luego de que Cavallo difundiera esta explicación, María Julia Alsogaray le aseguró al fiscal que el reintegro de gastos protocolares al que aludía Cavallo no era equivalente al sobresueldo que –según reiteró– podía llegar a 40 mil o 100 mil pesos, que luego los funcionarios de alto rango repartían –o no– entre sus subordinados. Pereyra de Olazábal dijo que le habían causado “sorpresa” las opiniones de Cavallo acerca de la confusión entre fondos reservados, gastos protocolares y sobresueldos.