¿Quién se acuerda de los guardapolvos de Eduardo Bauzá? Pues bien, a quince años de aquella estafa, la Justicia Federal dictó sentencia contra las únicas personas que quedaban acusadas. Se trata de dos empleados de rango menor y dos particulares vinculados a la empresa beneficiada. Bauzá ya había sido librado de culpa y cargo en primera instancia. Los ahora condenados no irán a prisión, porque recibieron penas excarcelables.
El caso se conoció en 1990, cuando el Tribunal de Cuentas formuló una denuncia por la adquisición, mientras Bauzá era ministro de Salud y Acción Social, de un millón trescientos mil guardapolvos a la empresa Herrera Hermanos SA, que los cobró antes de entregarlos. De la declaración jurada de la empresa surgía que estaba inactiva desde hacía dos años, que su capital no alcanzaba al precio de un guardapolvo y que no había presentado balances, ni siquiera certificación de su existencia. Su presidente era un indigente que en otra causa había pedido que se le permitiera litigar sin gastos.
La jueza María Romilda Servini de Cubría se hizo cargo de la investigación, pero sólo procesó a los empleados del depósito que recibían los guardapolvos y a tres integrantes de la empresa. Contra Bauzá sólo quedó un expediente en el Tribunal de Cuentas, aunque no por mucho tiempo, ya que cuando ese organismo fue disuelto y reemplazado por la Auditoría General de la Nación, el gobierno indultó 2300 causas administrativas y judiciales pendientes, entre ellas la del ministro.
Ahora, la Sala II de la Cámara de Apelaciones, integrada por Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, condenó a Juan Carlos Paredes, Raúl Correa, Juan Carlos Becharra y Herminda Siegwardt. Con penas de entre dos y tres años de prisión, quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos y deberán pagar multas de entre mil y mil quinientos pesos. Paredes era supervisor del depósito. Según los camaristas, intervino en la confección, firma y recepción de los remitos por los guardapolvos. Correa era “presidente de la comisión de recepción definitiva”. Desde ese lugar aprobó los remitos de la mercadería antes de que hubiera sido recepcionada. Los otros dos, personal vinculado a la empresa, fueron amonestados con tres años de prisión, también en suspenso.