Aunque el fallo que puso en libertad a María Julia Alsogaray es jurídicamente polémico, el gran argumento de la ingeniera, repetido hasta el cansancio, es: “No tengo condena en firme, rige la presunción de inocencia”. En realidad, la denuncia por enriquecimiento ilícito de Marijuli la hizo un dirigente radical en 1993. Los datos son claros: la investigación se demoró una década y el juicio oral tardó once primaveras en concretarse. Pese a que consiguió que le admitan, por ejemplo, que los dos departamentos del Central Park de Nueva York, tasados por inmobiliarias en 1.200.000 dólares, judicialmente hayan quedado en sólo 450 mil y que le convalidaran dudosas herencias de su padre, de todas maneras la ingeniera fue condenada a tres años de prisión efectiva. En el fallo se estableció que los sobresueldos de 50 mil dólares por mes eran ilegales y que truchó un contrato con un astillero para justificar una ganancia igualmente trucha de nada menos que 500 mil dólares. La ingeniera no tiene condena en firme porque la Cámara de Casación debe resolver sobre la apelación. Tal vez lo haga dentro de uno o dos meses, cuando se cumplan doce años –¡doce años!– de iniciado el expediente.
Alguno podría hablar de que la Justicia es lenta y que por eso, porque no se investigó en los tiempos que razonablemente corresponden, es que ahora la ingeniera está en libertad. Tal vez otros datos ayuden a reforzar esa sospecha. María Julia está procesada por un pequeño pago de más a la compañía Nec: se le chispotearon 10 millones de dólares. Ella dijo que fue un error, nada más. La denuncia se hizo en 1992, pero el juicio oral todavía no se hizo. En forma paralela, la ingeniera está procesada por haber contratado en forma irregular un estudio jurídico para ENTel, la empresa estatal de la que ella era interventora. Como es obvio, ENTel tenía su propio estudio jurídico, pero igual se gastó medio millón de dólares. Ese caso empezó más recientemente, en 1993, o sea hace 12 años. Todavía no hubo juicio oral. En cambio, lo que resulta más alentador es que esté relativamente cercano el juicio oral en otro expediente: les traspasó 240 hectáreas de tierras de Radio Nacional a concesionarios de la telefónica. Ahora, allí hay un country. Eso sí, la maniobra se realizó en 1990, o sea que el juicio oral llegará cuando el caso festeje el cumpleaños de 15.
Hay que admitir que existen los apurados y seguramente cuestionarán que otras dos causas estén por llegar, demasiado rápido, a juicio oral. Una, por compras de hasta diez veces el precio de plaza, de lo que se requirió para las reformas en la Secretaría de Recursos Naturales, que estaba a su cargo. Es que esas irregularidades recién se cometieron en 1995, hace nueve años. De la misma época data la denuncia por haber entregado 7 millones de pesos a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en concepto de pasantías, aunque no hay ninguna documentación que respalde ese movimiento de dinero. La Cuarta Conferencia sobre Cambio Climático iba a costar 4 millones de dólares: terminó costando 12 y hay imputaciones de sobreprecios que llegan a un modesto 6 mil por ciento. Esa causa es de 1998, hace siete años, pero hay que decir que no está ni cerca del juicio oral. La secuencia podría seguir en términos parecidos hasta completar todas las causas de Marijuli.
La niña mimada del menemismo está en libertad porque no hay condenas firmes. ¿Justicia lenta? O en verdad lo que sucedió es que la ingeniera –como decían en los Tribunales de Comodoro Py– “era intocable” en todos esos años. Lo mismo que Matilde Menéndez, aquella titular del PAMI en tiempos en que se filmó –1994– a prestadores entregando, en fila, sobres con dinero correspondiente a una parte de los contratos que les habían adjudicado. Uno se pregunta: ¿una década para determinar el patrimonio de una funcionaria? ¿Una década para esclarecer si el contrato de Astilleros Alianza era trucho o no? ¿Ocho años para saber si se pagó el 6 mil por ciento de sobreprecio? ¿Diez años para ver si se entregaron en forma escandalosa 240 hectáreas de Radio Nacional?
Hubo un arrepentido en el caso de las coimas del Senado y ahora hay varios arrepentidos que cuentan cómo les llevaron mensualmente verdaderas fortunas a los secretarios y ministros. ¿Para cuándo un arrepentido de la Justicia? Alguien que cuente si les entregaban o no de la SIDE a jueces federales. Hasta hubo una esposa que reclamó ese dinero en un juicio de divorcio, aunque después hubo un arreglo con ella. ¿Para cuándo un arrepentido que cuente si hubo o no sobres para los fiscales? Tal vez allí esté la explicación de por qué las cosas se empantanaron en Tribunales. Y puede ser que ése sea el trasfondo de por qué hoy Marijuli no tiene sentencia firme y goza de la libertad en su petit hotel.