Por una vez, el Gobierno, la oposición y buena parte de la opinión pública coincidieron en condenar la liberación de María Julia Alsogaray, al tiempo que subrayaban sus sospechas por el momento elegido por el Tribunal Oral Nº 6. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que “siempre queda esa sensación espantosa de que en la Argentina impera cierto sistema de impunidad perversa”. Elisa Carrió coincidió, pero no dudó en involucrar también a los actuales funcionarios. “Es parte de un sistema mafioso”, señaló la líder del ARI. En el otro bando, los familiares de la ex funcionaria festejaron su retorno al petit hotel de la Recoleta, mientras el hipermenemista Alberto Kohan, loco de contento, felicitaba a la ex senadora ucedeísta y llamaba a “afiliarse al menemismo”.
El miércoles pasado, los jueces María Cristina Bértola, Guillermo Andrés Gordo y Guillermo Federico Madueño ordenaron la excarcelación de la ex polifuncionaria en la causa que investiga el pago de sobreprecios millonarios en la refacción del edificio de la Secretaría de Recursos Naturales. La decisión fue sorpresiva y levantó sospechas: aunque fue avalada por dos tribunales, se produjo en medio del escándalo por los sobresueldos que involucra a buena parte de los ex funcionarios del menemismo. Dos semanas atrás, María Julia había reavivado la causa con una carta de lectores publicada en La Nación y dos reportajes en los que salpicó con su denuncia a ex compañeros de gabinete como José Luis Manzano y Gustavo Beliz.
En este clima de sospecha, el Gobierno salió a marcar con suspicacia la “oportunidad” de la liberación de María Julia. “Pareciera que algunos tienen miedo de que hable”, había dicho Kirchner apenas se enteró de la noticia. “Llama la atención, es llamativo que justo cuando comenzó a hablar... Parece ser como que hubiera alguien interesado”, agregó la senadora Cristina Fernández.
En la misma línea, Alberto Fernández señaló: “Siempre queda esa sensación espantosa de que en la Argentina impera cierto sistema de impunidad perversa que a uno lo desgasta y por el que tanto este gobierno lucha para evitarlo”, aseguró el jefe de Gabinete, sumándose a la indignación generalizada que registraban en la calle los programas de radio y televisión. “La impresión que la sociedad recibe de todo esto es que se movió un poquito el avispero y fue dejada en libertad”, agregó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Elisa Carrió se sumó a las sospechas oficiales y apuntó también al Gobierno como parte del “sistema corrupto”, que posibilitó la liberación de María Julia. “En realidad, es todo el poder, es un régimen mafioso”, respondió la chaqueña cuando le preguntaron si el menemismo conservaba suficiente poder como para seguir influyendo en las decisiones de la Justicia. “María Julia no llegó a decir nada. Ella, que forma parte del centro mafioso del menemismo, sabe mucho más. O estaba mal detenida antes o funcionó lo que ya vimos otra vez en la Argentina: los imputados con prisión preventiva amenazan hablar y entonces el sistema de la omertà funciona”, añadió Carrió.
En realidad, las sospechas se refieren más al momento elegido que a los argumentos del fallo de los tres integrantes del Tribunal Oral, que se basaron en la “presunción de inocencia” de la que goza cualquier ciudadano hasta tanto se demuestre su culpabilidad. Para los magistrados, la prisión preventiva se justifica en dos situaciones –cuando el acusado puede obstaculizar la investigación o cuando hay riesgo de que se fugue– que no se comprobaban en este caso.
El fundamento tiene su lógica, pero ignora la situación de la mayoría de los presos, procesados sin condena firme. “Si es verdad que es inocente y estuvo presa dos años, es injusto. Pero a la vez hay una selectividad, porque el 90 por ciento de quienes están en las cárceles está sin condena. Habría que hacer una clara revisión para ver si no se violenta el principio de igualdad de las personas al liberar a María Julia, porque es ella y da reportajes, mientras que los otros procesados sin condena siguen detenidos”, explicó la diputada radical Margarita Stolbizer. Con la declaración, la candidata radical se sumó a los políticos y juristas que reclaman una definición más concreta de los casos en los que se debe aplicar la prisión preventiva: luego de la sangrienta revuelta en el superpoblado penal de Coronda, la jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, cuestionó las detenciones sin condena y aseguró que la prisión preventiva debe ser “algo excepcional” y no una regla.
Mientras los políticos de diferentes sectores cuestionaban la excarcelación de la ex funcionaria, sus familiares festejaban. “Es una coincidencia. No estoy de acuerdo con la opinión del Presidente, como no estuve de acuerdo cuando hizo campaña diciendo, sin ninguna prueba, que María Julia Alsogaray tenía que estar presa”, aseguró su hermano Alvaro. Y cuando le preguntaron por la coincidencia entre su libertad y el escándalo de los sobresueldos, respondió: “Es una barbaridad”. La defensora de María Julia completó el argumento. “Dos fiscales y seis jueces, integrantes de tribunales orales, estuvieron de acuerdo”, dijo la abogada Pamela Bisserier. “Con sus declaraciones, el Gobierno vulnera la independencia de poderes”, argumentó el jurista Alvaro Erize, hijo de la ex funcionaria.
Más allá de la polémica, la liberación se produjo sólo en el marco de dos de las varias causas que la ex funcionaria tiene abiertas, por lo que en cualquier momento podría ser detenida nuevamente. De hecho, el 31 de mayo debe presentarse ante la Cámara Nacional de Casación Penal para declarar en el juicio por enriquecimiento ilícito.
A pesar de esta realidad poco auspiciosa, el menemista Alberto Kohan salió a festejar con sus clásicas frases sobre la independencia del Poder Judicial. “Hay que terminar con la acusación sin fundamento”, dijo Kohan. Y cuando le preguntaron por la influencia de Menem en la Justicia, contestó: “Si es así, entonces hay que afiliarse al menemismo”. “Me alegró por María Julia”, concluyó Kohan.