El martes comienza el juicio oral por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En los tribunales de Lomas de Zamora, el ex comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro Acosta, serán juzgados por las dos muertes y siete intentos de homicidio, luego de una investigación que no subió en la escala de responsabilidades más allá de los dos policías. La represión que dejó 33 heridos con balas de plomo y provocó que Eduardo Duhalde llamara a elecciones presidenciales anticipadas llega así a las audiencias orales planteada como un caso de exceso policial. Sin embargo, durante el juicio el tribunal oral dará un paso más que la primera instancia y citará a declarar a Duhalde y a los funcionarios que prepararon el operativo. Para los familiares de las víctimas, tal vez esto ayude a avanzar en una segunda etapa.
La sala donde se hará el debate acaba de ser refaccionada. Le hicieron un acceso independiente y la aislaron del edificio de los tribunales. Blindaron además los vidrios de las ventanas con una malla de metal. Se prevé que pasen por las audiencias más de trescientos testigos, en un proceso durará, como mínimo, hasta septiembre.

Fanchiotti y Acosta:

No hay grandes dudas sobre cómo ocurrieron las muertes de Kosteki y Santillán. En la historia judicial debe haber pocos casos en los que un hecho haya quedado filmado y fotografiado como en éste. Los peritos, utilizando los videos y las fotografías de la represión, rearmaron las secuencias en que se ve a Fanchiotti y Acosta disparando contra los manifestantes. De acuerdo con esas reconstrucciones, el comisario mató a Kosteki y el cabo, a Darío Santillán. Pero para la fiscalía ambos son igualmente responsables de las dos muertes y los siete intentos de homicidio. Fanchiotti y Acosta, señalan los fiscales, actuaron “de manera coordinada, siguiendo un designio común, el de ocasionar la muerte de los manifestantes”. ¿Por qué lo sostienen? Entre otras cosas, porque se movieron juntos todo el tiempo y se apoyaron mutuamente; cuando Fanchiotti disparaba contra los piqueteros, Acosta juntaba las vainas, y viceversa. Sabían que estaban disparando con plomo contra la gente.
El comisario dice en su defensa que sólo usó municiones de goma, que estaba demasiado lejos de Kosteki como para herirlo de muerte y que ese día mucha gente usó armas de fuego. “Había infiltrados armados. Y disparó también la Prefectura”, dijo a Página/12 el abogado de Fanchiotti, Amílcar Chiodo. Su intención es instalar la idea de que hubo una multiplicidad de tiradores, de manera de dejar la duda de que hayan sido los disparos de su cliente los que hirieron a los manifestantes.
Acosta, en cambio, no declaró. Peleado con Fanchiotti, presentó un escrito en tribunales en el que aseguró que durante la represión el comisario le ordenó que le alcanzara las municiones de plomo. Como él no lo hizo, dijo Acosta, Fanchiotti fue personalmente a buscarlas a un patrullero. Los familiares del cabo han denunciado que sufrió aprietes para que se mantuviera callado.

33 heridos con plomo:

Fanchiotti actuó en la represión al frente de un grupo de policías que cumplió las funciones de limpiar de evidencias la estación de trenes de Avellaneda tras los asesinatos. Pero hubo, además, una segunda patota con efectivos uniformados y de civil que, a varias cuadras de distancia y en el mismo momento en que Fanchiotti, tiraban también con munición de plomo contra los manifestantes. Este segundo grupo, que se desplazó por la avenida Mitre, fue el que después de perseguir a los piqueteros tiró abajo la puerta de un local de Izquierda Unida donde los que habían zafado de la represión trataban de armar un listado de heridos y detenidos.
La represión se extendió mucho más allá de la zona por donde se movió Fanchiotti y abarcó un radio de más de 20 cuadras alrededor del Puente Pueyrredón. Hacia el sur, se acercó hasta la estación de Gerli, en el límite con el partido de Lanús. Hacia el este, abarcó por lo menos siete cuadras por la avenida Mitre y sus calles paralelas. En ambas direcciones hubo heridos con munición de plomo, 33 según quedó acreditado en los registros de los hospitales.
“Nadie puede sostener que una represión de esa magnitud ocurrió porque Fanchiotti se mandó solo. Eso no podía pasar sin una orden, y esa orden ¿de dónde iba a salir sino del gobierno de turno?”, pregunta Alberto Santillán, el padre de Darío.

Lo que no se investigó:

Los familiares y los heridos pueden enumerar un listado de elementos en ese sentido. Como querellantes, reclaman que la Justicia los tome en consideración para avanzar en la cadena de responsabilidades. Desde semanas antes a la represión, la SIDE hizo circular un informe de inteligencia que decía que las organizaciones piqueteras habían armado un complot para derrocar a Duhalde, con un plan insurreccional cuyo primer paso sería el corte del Puente Pueyrredón. El informe, que circuló por los despachos de varios ministros, enrareció el clima político y luego de la masacre fue utilizado por el gobierno para culpabilizar a las víctimas.
La misma tarde de la represión, mientras intentaba instalar la versión de que los piqueteros se habían matado entre ellos, hubo una reunión de urgencia en la residencia presidencial de Olivos. Allí se decidió que el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, llevara el informe de la SIDE a la Justicia y acusara a los piqueteros de atentado contra la democracia.
La difusión de las fotos que mostraban a Fanchiotti y Acosta en hall de la estación de trenes, disparando contra Darío Santillán, y una masiva movilización de repudio a la represión impidieron que se instalara la versión de que las muertes se debían a una interna piquetera. Aun así, la denuncia con el parte de la SIDE se presentó y fue abierta una causa.
Duhalde, Vanossi, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia Carlos Soria y su segundo Oscar Rodríguez encabezan la lista de funcionarios que serán citados a declarar en las audiencias a pedido de los abogados de las víctimas.
Otros testigos cuya citación fue pedida son el entonces secretario de Seguridad Juan José Alvarez y Luis Genoud, ex ministro del área en la provincia de Buenos Aires. Alvarez fue el encargado de organizar el operativo de seguridad, un despliegue para el que por primera vez se convocó a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Bonaerense. El día de la represión monitoreó lo que sucedía desde su despacho. Lo mismo hizo Genoud en provincia. El secretario y el ministro se comunicaron telefónicamente antes de que comenzara la represión. Hasta ahora, la Justicia no los había llamado para preguntarles nada.

El reclamo a Kirchner:

También el presidente Néstor Kirchner será citado a declarar. “Cuando recibió a los familiares prometió abrir los archivos del Poder Ejecutivo sobre el Puente Pueyrredón, sin importar quién cayera”, señaló Claudio Pandolfi, abogado de las víctimas. “Queremos saber qué tienen esos archivos, porque en la investigación no hay hasta ahora ningún aporte del Poder Ejecutivo”.
El tribunal envió a la SIDE un oficio requiriéndole toda la información sobre lo sucedido el 26 de junio del 2002 en relación con el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, pero la SIDE contestó que con esos datos no podía saber a qué se refería el pedido.
Además de Fanchiotti y Acosta, en el juicio habrá cinco policías acusados de encubrimiento. Se trata de Carlos Quevedo y Lorenzo Colman, quienes entraron a la estación de Avellaneda y luego de cometidos los crímenes limpiaron las evidencias. Mario de la Fuente, Gastón Sierra y Osvaldo Vega están imputados por la misma figura penal. Finalmente, hay un civil acusado, Francisco Robledo, un policía retirado que se sumó a la represión, según él de voluntarioso. A Robledo lo vieron dando vueltas en el Puente Pueyrredón desde las nueve de la mañana, lo que sugiere que los bonaerenses sabían desde antes que algo iba a pasar.
Los primeros testigos en declarar serán policías de la comisaría 1ª de Avellaneda, quienes redactaron el acta de inicio de la investigación con una versión falsa de la masacre. Dijeron que del interior de la estación de Avellaneda vieron salir a la carrera a 300 piqueteros de la Corriente Clasista y Combativa, quienes habían sorprendido a los efectivos sin que éstos tuvieran tiempo de reaccionar. Fue el primer paso de la fallida maniobra y se empezará por ellos, para llegar sólo al final, en agosto o septiembre, a las citaciones de las figuras políticas. Habrá qué ver, de los convocados, quiénes se presentan a declarar y quiénes piden contestar por escrito, un beneficio que podrían solicitar aquellos que tengan fueros por sus cargos.