El equipo de gobierno de Eduardo Duhalde fue, en términos políticos, instigador y encubridor de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Fue instigador, porque desde un par de semanas antes del 26 de junio de 2002 desplegó una insistente campaña de acción psicológica para instalar la idea de que grupos de izquierda y movimientos de desocupados amañaban un intento revolucionario de toma violenta del poder. El titular de la SIDE, Carlos “Gringo” Soria, “concientizaba” a sus compañeros de gabinete haciéndoles escuchar grabaciones de un acto de esas organizaciones, pleno de inflamada verba revolucionaria, y lo parangonaba con una convocatoria a la lucha armada. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, recuperando la peor verba de las dictaduras militares, azuzaba el espantajo del “caos”.
Se postuló ante cientos de micrófonos que evitar el cierre del Puente Pueyrredón era una política de Estado. Se procuró meter miedo a una sociedad que tenía frescas las jornadas de diciembre de 2001, los saqueos, el mito urbano de las hordas bonaerenses, de los hunos que venían a hollar la Capital. Cuando alboreaba el miércoles 26 de junio de 2002 no quedaban dudas para cualquier persona bien informada o bien uniformada: había clima de cacería, propiciado desde arriba.
Tras la represión feroz, la cacería y el asesinato de dos jóvenes militantes populares, el gobierno de Duhalde (y el del gobernador Felipe Solá) fueron encubridores de los autores materiales de los homicidios. Por más de un día todos sus integrantes se dedicaron a propalar una versión no apenas falsa, también inverosímil. Acusaron a las propias víctimas de haber protagonizado un suceso inédito en la historia de las movilizaciones masivas. Los piqueteros, argüían en cadena funcionarios nacionales y provinciales de primer nivel, se habían baleado y matado entre sí. El embuste se mantuvo tozudamente hasta la tarde del jueves 27. Sólo se desbarató cuando el oficialismo supo que tres diarios (incluido Página/12) iban a publicar en su edición del viernes 28 secuencias fotográficas que probaban que fueron integrantes de la Bonaerense, empezando por el comisario Fanchiotti, los autores materiales de los crímenes.
Entonces Duhalde mostró reflejos notables, propios de la astucia peronista para conservar el poder aun en las peores circunstancias. Acortó su mandato, estableció lazos políticos y asistenciales con la mayoría de las organizaciones de desocupados. Desalentó nuevos episodios represivos. Pagó precios políticos, se diría de contado, para evitar males mayores. Entre tanto, le hizo una verónica a la averiguación de sus responsabilidades penales.
La condición de instigadores y encubridores políticos está fuera de discusión. Resta, y es imperativo, indagar a fondo si lo fueron también desde el, más exigente, punto de vista penal. El expediente judicial no ha cerrado ese camino –de hecho los funcionarios más concernidos serán citados a declarar (ver nota principal)–, pero no ha avanzado todo lo necesario.
El gobierno de Néstor Kirchner hace todo un punto de no reprimir violentamente las protestas callejeras. Percibe –y sin duda internaliza mejor– lo que detectó Duhalde: después de diciembre de 2001 y de junio de 2002 la sociedad no se banca más sangre en las calles. Kirchner tiene un muy distinto compromiso que Duhalde con la defensa de derechos humanos. Y, obviamente, no participó en la masacre de Avellaneda.
Aclaradas estas siderales diferencias, el actual gobierno está en deuda respecto de las condignas investigaciones. El Presidente prometió a compañeros y familiares de las víctimas abrir los archivos de la SIDE. No lo ha hecho aún. Ni el Gobierno ha instado la, también comprometida, formación de una comisión investigadora parlamentaria. El inicio del juicio oral y público es un momento más que sugestivo para reparar la mora oficial.
Todo lo que atañe al pasado oscuro del duhaldismo pone a la actual administración frente a un dilema. Chocan su afán de mantener la gobernabilidad (de la que el duhaldismo es una viga de estructura) y la renovación de la política (algo que pone al duhaldismo en la vereda de enfrente).
Nadie debería despreciar el dilema, propio de la ética de la responsabilidad. Ni tampoco obviar que el Gobierno viene alcanzando desempeños más que aceptables en varias áreas, inmerso en esa coalición.
Pero no es coherente ni correcto que un gobierno que proclama siempre su ansia de verdad y justicia, y que es hiperpresente cuando algo lo obsesiona, haya adoptado una conducta distante respecto de la investigación de dos crímenes cuyos instigadores y encubridores políticos están a la vista de todos.