Volkswagen, Phillips, Fire-stone, Chrysler y otras empresas ayudaron en la represión a las dictaduras de Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. Así lo señala una investigación del diario O Globo, que publica documentos inéditos del Departamento de Orden Político y Social brasileño. Los documentos muestran que las empresas formaron con los organismos de seguridad de Brasil un “grupo de trabajo” para detectar a aquellos empleados que tenían militancia gremial, quienes eran despedidos y en muchos casos torturados y asesinados.
El golpe de Estado contra Joao Goulart ocurrió en 1964. En noviembre del ’66, al inicio de un período muy duro de represión que se extendería por tres años, representantes de General Motors, Volkswagen, Chrysler, Firestone, Phillips y Constanta se reunieron con el jefe del Departamento de Orden Político de San Pablo y un delegado del ejército. Según el acta de la reunión, cuenta O Globo, discutieron sobre los “problemas” en las fábricas y crearon un centro de coordinación.
La documentación, recopilada y revelada por el periodista José Casado, señala que las empresas entregaban a los servicios de inteligencia listas de los trabajadores considerados sospechosos, y que mantuvieron a lo largo del tiempo una cooperación “fuerte” pero “discreta”.
“Estábamos defendiendo nuestras empresas de los terroristas, de la subversión”, declaró Synesio de Oliveira, representante del grupo Constanta (empresa incorporada a la Phillips en 1998).
Sobre la base de documentos obtenidos en Washington, San Pablo y Buenos Aires, la investigación revela que Volkswagen “montó un departamento interno” con agentes de la DOPS y militares para espiar a los trabajadores, mientras que Chrysler, Scania y Firestone “crearon aparatos de espionaje” en las fábricas.
Por ejemplo, un documento fechado en julio de 1978 por la filial brasileña de la firma sueca Saab-Scania plantea a la policía el caso de dos trabajadores cuyos despidos “se deben al hecho de haber participado del movimiento huelguista”.
Las empresas fueron consultadas por O Globo, pero todas negaron los hechos o aseguraron que desconocían lo que indicaba la documentación. Volkswagen sostuvo que mantuvo una línea “apolítica” y una relación “avanzada” con sus empleados, mientras Firestone y Chrysler dijeron “desconocer” el tema.
En la Argentina hubo un esquema similar. La embajada de Estados Unidos informó a Washington entre abril de 1976 y junio de 1978 sobre episodios que mostraban “la gran cooperación entre gerentes y organismos de seguridad”. Uno de los casos más conocidos es el de Mercedes Benz. En 1975 Carlos Ruckauf, ministro de Trabajo, ordenó el despido de 115 obreros por razones políticas. En 1976, ya bajo la dictadura, todos los dirigentes gremiales de la planta de González Catán fueron secuestrados. De los 16 delegados, 14 siguen desaparecidos. Sus familiares y los sobrevivientes consiguieron la creación, la semana pasada, de una comisión investigadora.
Mercedes Benz tuvo un extraño comportamiento con las familias de sus empleados desaparecidos, a quienes les continuó abonando el sueldo. Algunos hasta cobraron indemnizaciones por motivos no especificados. En cambio, los operarios que dejaron de ir a trabajar porque corrían el riesgo de ser secuestrados fueron despedidos.