Miguel Angel Romero, el controvertido defensor general heredado del menemismo, presentó su renuncia al presidente Néstor Kirchner, según dijo, para evitar que el proceso de juicio político que lo amenaza erosione la dignidad del cargo. Romero fue designado en la Defensoría hace siete años, cuando Carlos Menem soñaba con un tercer período presidencial y un mes después de que fuera sancionada la Ley de Ministerio Público. Romero fue resistido desde un inicio. Su perfil distaba mucho del que, se presuponía, debía caracterizar a un defensor. Baste recordar que una de las primeras órdenes impartidas a sus subordinados consistió en exigirles que realizaran cursos de investigación e interrogatorio en la Escuela de Inteligencia. La dimisión tiene como trasfondo la magnitud de los cargos que, en su contra, se acumulan en el Consejo de la Magistratura. Son cuarenta denuncias que parecen abonar el inexorable camino de la destitución y van desde la falta de idoneidad hasta el sospechoso manejo de las curadurías reveladas hace un mes por Página/12.
El nombramiento de quienes dirigirían la institución bicéfala llamada Ministerio Público, Romero y el procurador general, Nicolás Becerra, estuvo signado por la urgencia. Tanta, que el pliego que el Ejecutivo envió al Senado para su aprobación no contenía los datos del riojano desembarcado en Buenos Aires gracias al menemismo sino los de un homónimo, porteño y fiscal del Tribunal Federal Oral. El equívoco se hubiera consumado sin remedio de no mediar la atenta lectura que el entonces senador ucerreísta –y riojano– Raúl Galván hizo de los antecedentes. Pasó una hoja, y otra y otra y por fin concluyó: “Este no es Miguel Angel Romero”. En realidad no era el Romero que Galván conocía, ex asesor de la policía de la provincia durante la dictadura y amigo por eso mismo de Ramón Hernández, el secretario privado de Menem. Esa relación llevó a Romero –el riojano por adopción– al Poder Judicial, donde revistó como fiscal en un inicio y después como juez. El desembarco de Menem en la Casa Rosada dio un nuevo envión a la carrera de Romero: fue traído a Buenos Aires y nombrado camarista del fuero penal económico. De allí saltó a la Defensoría General.
Si el acceso al Ministerio Público estuvo marcado por la urgencia, la gestión de la Defensoría tuvo como impronta la torpeza. Y los defensores tragaban mal las arbitrariedades y despropósitos del superior. Uno de ellos, de larga trayectoria y buena reputación, Hilario Lagos, se atrevió a hacer públicos los consejos recibidos de Romero: “... a los testigos, cuatro preguntas tontas, y en los alegatos, cuatro pavadas. Total, vienen todos condenados”, escribió en el menú de indicaciones para los juicios orales. Tiempo más tarde mantendría otro sonado incidente con un veterano hombre de leyes: el ex defensor general de Casación Mario Hugo Landaburu.
Landaburu, ex abogado de la CGT de los Argentinos, ex defensor de presos políticos, ex presidente de la Asociación Gremial de Abogados –que en los años ’70 reunió a los sectores más progresistas del foro– se excusó de defender al ex capellán de la Policía Bonaerense Cristian von Wernich. En los fundamentos de su excusación Landaburu señaló que su historia de defensor de presos políticos, miembro de organismos de derechos humanos e, incluso, de familiar de detenidos desaparecidos le impediría brindarle a Von Wernich una correcta asistencia letrada. Romero no dudó. Denegó la excusación señalando que el pedido revelaba la parcialidad de Landaburu, quien, por el contrario, no se había negado a defender a miembros del Movimiento Todos por la Patria. La actitud del defensor general amotinó prácticamente a la totalidad de los defensores oficiales, que firmaron una nota en solidaridad con su colega. Romero ya había obligado a María Inés Spinetta a ejercer la defensa de un represor pese a saber que el padre de la funcionaria había sido víctima de la dictadura.
Pero ninguno de esos hechos alcanzó los ribetes escandalosos de su propuesta de cerrar el Congreso para que Menem pudiera lograr lareelección. Al enterarse, el senador Jorge Yoma emitió una opinión lapidaria: “A éste no le sube agua al tanque”, dijo. En abril, una investigación de este diario acerca del manejo de bienes de personas insanas se sumó a las causales de pedido de juicio político. Ese mismo mes, el juez federal Norberto Oyarbide lo condenó a un año de prisión en suspenso por el delito de calumnias contra el abogado Ricardo Monner Sans quien había denunciado la irregular designación de defensores. Con ese historial, nadie se explica la larga vida de Romero al frente de la Defensoría General. Nadie, excepto uno de sus viejos conocidos que afirma: “Es un zorro. Habría que ver cuántos familiares de miembros de la Comisión de Juicio Político están nombrados en las defensorías provinciales”.