EL PAíS
› A PARTIR DE HOY LA POLICIA DESALOJARA EL PREDIO
El Olimpo de la memoria
› Por Miguel Jorquera
“Los plazos se cumplen hoy porque se decidió así y a partir de mañana se empieza a sacar los autos y a partir de pasado mañana terminamos con la verificación y recuperamos el predio como fue el compromiso del presidente de la Nación”. Con esta frase, el ministro de Interior, Aníbal Fernández, confirmó frente a los vecinos de Floresta y organismos de derechos humanos, el desalojo de parte de la Policía Federal del predio donde funcionó el centro clandestino de detención El Olimpo durante la dictadura militar. Fernández recorrió el lugar junto a sobrevivientes, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y aseguró que el Gobierno discutirá con todos ellos el proyecto que se desarrollará en el lugar.
La reunión en el aún tétrico, oscuro y semiabandonado lugar fue pactada para terminar con la polémica sobre los plazos para desalojar a la Federal del predio donde funcionó El Olimpo y en el que todavía se cumplían tareas de verificación vehicular por parte de la Policía. El Gobierno había firmado el desalojo en octubre pero todavía no se había concretado.
“Nosotros, cuando firmamos el convenio decía 180 días hábiles, por eso decíamos que iba a ser junio y la gente, con mucho criterio, decía que era abril. La evaluación del Presidente fue más simple: ‘por qué tenemos que discutir cuáles son los plazos, los plazos son los que se fijaron, si pueden ser días corridos que sean corridos y terminémoslo’”, dijo Fernández después de escuchar un documento redactado por la asamblea de vecinos en la que se reclamaba una definición.
El ministro del Interior llegó al lugar, ubicado en la manzana que bordean las calles Lacarra, Fernández, Rafaela y Olivera, en el barrio de Floresta, acompañado por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Allí los esperaban la asamblea de vecinos de Floresta y Parque Avellaneda, y dirigentes de los organismos, entre ellos la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
“En estos años logramos, además, elaborar un proyecto para el predio que fue consensuado de manera colectiva, horizontal y abierta. Pensamos la memoria como una reflexión sobre el pasado para comprender el presente y transformar el futuro. Para El Olimpo, no pretendemos sólo la memoria del horror, sino que nos proponemos recuperar los valores y proyectos de una generación que intentaron desaparecer”, decía uno de los párrafos del documento dirigido al presidente Néstor Kirchner y que los vecinos leyeron frente a los funcionarios.
El Olimpo funcionó durante agosto de 1978 y enero de 1979 como centro clandestino de detención bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército, donde fueron torturadas entre 600 y 800 personas, muchas de ellas aún desaparecidas. Ayer, volvieron al lugar varios de sus sobrevivientes. Rebeca “Tita” Sacolsky, tiene ahora 82 años pero pasó allí los peores cuatro meses de su vida, entre julio y noviembre del ’78. “Una noche me dijeron: ‘A ver la sionista, seguro que esta vieja judía no sabe ni siquiera cantar el Himno Nacional’. Así que me tuvieron toda la noche cantando el Himno. Yo fui maestra, así que no sólo lo sabía sino que lo enseñé a cantar toda mi vida”, recordó Rebeca ante Página/12.
Jorge Paladino, otro de los sobrevivientes, recordó cuando el 8 de diciembre del ’78, “nos sacaron a todos al pasillo porque vino un cura, con sotana para dar misa y bendecir una imagen de la Virgen de Luján”. Pero para algunos policías la defensa del lugar se mantuvo hasta tiempos democráticos. “Un día, durante el ‘89, los vecinos fuimos hasta la plaza de aquí cerca para volver a denunciar la existencia de El Olimpo. Se me acercó un policía uniformado y me dijo que ‘no tocáramos el monumento’. Muy ingenuamente le contesté que en la plaza no había monumento, a lo que él me acotó que ‘el monumento es El Olimpo’”, relató a este diario Julio Ciccone. A partir de mañana, el “monumento” comenzará a ser desalojado por la Policía Federal.