El ex ministro de Defensa Oscar Camilión se negó a declarar ayer ante la Justicia en la causa que investiga el pago de sobresueldos a funcionarios durante el gobierno de Carlos Menem, pero en cambio apeló a cuanto micrófono le pusieron a su alcance en la puerta de Tribunales para justificarse. Si bien admitió una vez más haber percibido remuneraciones en negro al margen de sus haberes, Camilión aclaró que esa práctica “era legal” y que así se equiparaban los salarios de los miembros del gabinete con los del “sector privado”. También atribuyó el pago de sobresueldos a una “decisión política” de la administración menemista y entre tanta explicación ensayó una que habla a las claras de la impunidad del menemismo: “Si yo no hubiera querido tener un proceso judicial hubiera dicho ‘bueno... mire, este dinero lo tengo porque me dieron una coima’ y estaría todo prescripto”.
La admisión de que durante su paso por la cartera de Defensa cobró sobresueldos viene a ratificar lo mismo que el propio Camilión reconoció ya el año pasado al declarar ante el juez en lo penal económico Julio Speroni por el caso de contrabando de armas a Ecuador y Croacia: con el propósito de justificar una cuenta con tres millones de dólares que dijo tener en Suiza, el ex funcionario explicó entonces que mientras estuvo en la administración menemista percibía un adicional de 30 mil pesos.
La investigación del pago de sobresueldos durante el gobierno de Menem está en manos del juez Jorge Ballestero y el fiscal Paulo Starc. La causa está en trámite desde hace tiempo, pero cobró nuevo impulso a partir de la denuncia pública que al respecto hizo María Julia Alsogaray desde la prisión, antes de que le fuera concedida su excarcelación.
Camilión se encuentra en una situación comprometida porque se le imputa peculado, un delito que se castiga con una pena que llega hasta los 10 años de prisión. La funcionaria encargada del área de Programación Presupuestaria de Defensa durante su gestión en esa cartera, Lidia Gibellieri, declaró en su momento que le entregaba lo que sobraba de los gastos reservados que se repartía entre las Fuerzas Armadas y que se los quedaba para su uso particular.
El ex ministro menemista no respondió ni una sola de las preguntas que tenían previsto hacerle Ballestero y Starc y se remitió a un escrito presentado la semana pasada. Donde no guardó silencio fue en la explanada de los tribunales de Comodoro Py: allí trató de justificarse ante los periodistas que lo consultaron por sus actos.
Camilión aseguró que “de ninguna manera hubo delito” porque el pago de sobresueldos “tiene fundamento legal”, aunque concedió que “la situación no era la ideal” y que podría “objetarse el procedimiento” implementado por el gobierno de Menem. Aun así remarcó que “fue una decisión política”.
Consultado acerca de si en su caso había planteado en su momento algún reparo de que se le pagaran adicionales en negro, el ex ministro se defendió con el siguiente argumento: “Me parecía que las responsabilidades ministeriales eran sumamente grandes. Yo administraba un presupuesto de 4500 millones de dólares, por lo que esas asignaciones eran correspondientes a lo que percibía el sector privado que, en muchos casos tenía funciones de menor responsabilidad”.
Camilión también reconoció ante la prensa que en su caso no blanqueaba el dinero como sobresueldo. “No lo rendía en la declaración jurada”, precisó al respecto.
La convocatoria a Camilión no es la única que Ballestero y Starc hicieron a partir de la reactivación de la causa de los sobresueldos. Para el próximo jueves está citado el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo y al día siguiente deberá concurrir el ex coordinador de la Jefatura de Gabinete Rodolfo Aiello, a quien se señala como el supuesto “ensobrador” del dinero negro. Entre los convocados figura también Domingo Cavallo, aunque el ex ministro de Economía presentó un recurso en el que pide la suspensión del trámite con el argumento de que ya fue juzgado por hechos similares, sobre el cual la Justicia aún no se ha expedido.