Las diferencias entre los miembros del Consejo de la Magistratura llevaron al cuerpo a postergar hasta el martes próximo el análisis de un proyecto que modifica el reglamento de la Comisión de Acusación y fija en dos años el plazo máximo para investigar a jueces cuestionados.
La prescriptibilidad de las causas y la entrada en vigencia de la modificación del reglamento fueron los ejes del desacuerdo originado ayer en la Comisión de Acusación del Consejo, que motivó un debate de casi tres horas, sin solución.
Esos puntos están contenidos en los artículos 16 y 19 del proyecto de reglamento elaborado por el consejero Jorge Casanovas y resistido, en menor o mayor medida, por la mayoría de sus pares.
Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Casanovas fue ministro de Justicia de Carlos Ru-ckauf. El año pasado aprovechó la ola generada por el asesinato de Axel Blumberg para ser asesor de Juan Carlos Blumberg, primero, y luego para subirse al reclamo de endurecimiento de penas incluso más allá de lo que había pedido el Poder Ejecutivo al Congreso. Estos días cobró mayor notoriedad cuando se convirtió en el principal crítico del fallo de Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori en el caso Chabán (ver páginas 2 y 3).
El artículo 16 plantea que las investigaciones sobre los jueces denunciados ante el Consejo sólo pueden durar dos años, y el 19 establece que la modificación al reglamento entra en vigencia un día después de ser publicado.
El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, recomendó al representante del Poder Ejecutivo, el consejero Joaquín Da Rocha, que “adopte los arbitrios que sean necesarios” para ampliar a tres años, con prórrogas de seis meses, el plazo para investigar a magistrados.
Además, Rosatti sugirió a Da Rocha que apoye una moción para que la aplicación de la reforma empiece a correr “un año después” de su publicación en el Boletín Oficial.
Es que si se aprueba el proyecto de Casanovas –una vez que recibe el aval del plenario del Consejo de la Magistratura–, podrían considerarse “prescriptas” unas 51 causas por mal desempeño de jueces, abiertas entre 1999 y el 2003 en el seno del Consejo de la Magistratura.
Entre esas investigaciones aparecen las iniciadas por irregularidades en su desempeño como jueces de Claudio Bonadío, Jorge Urso, Luis Zelaya, Graciela Garzón de Lascano, Norberto Toledo y Gabriel Cavallo, entre otros.
El cambio de plazos apunta, en la visión del Gobierno, a evitar otro escándalo como el de la precisión sobre el momento en que prescribe una causa penal. La reforma introducida por el Congreso produjo una convulsión y puso el problema en el Poder Ejecutivo cuando, a su juicio, se trataba de inconvenientes generados por la lentitud de los procesos penales.
Lo que sí aprobó ayer el Consejo fue la incorporación de la figura de “testigo de identidad reservada” para el denunciante y el resguardo para el denunciante cuando se trata de un empleado del Poder Judicial. Así, si un trabajador judicial acusa a un juez, la Comisión de Acusación puede evaluar la posibilidad de gestionar el pase de esa persona a otra dependencia del Poder Judicial.
También aprobó la figura conocida como “intimación” a los jueces. Esto significa que los magistrados denunciados pueden conocer, antes de ser citados a declarar, los hechos que se les imputan y acceder a las pruebas.