EL PAíS
› CITAN A GALEANO, ANZORREGUY
Y A OTRAS 35 PERSONAS POR LA AMIA
Bonadío se despertó de la siesta
Después de cinco años de tener la causa, el juez argumentó que no se puede perder más tiempo en darle una explicación a la sociedad.
› Por Raúl Kollmann
En forma sorpresiva, el juez Claudio Bonadío llamó a prestar declaración indagatoria –es decir los considera sospechosos de delito– al suspendido juez Juan José Galeano, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y a numerosos funcionarios del juzgado de Galeano, integrantes de la SIDE y un largo listado de personas a las que acusa de haber participado de las irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA. Los interrogatorios empiezan el 30 de mayo y terminan el 11 de agosto, justamente con la declaración del último imputado: el juez Galeano.
Las indagatorias fueron pedidas por los fiscales Alberto Nisman y Carlos Cearras en octubre del año pasado, pero la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, que encabeza Alejandro Rúa, venía insistiendo en que era una anomalía la parálisis que percibía en la causa de las irregularidades del expediente AMIA. Y los familiares agrupados en Memoria Activa llevaron el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bonadío está recusado en ese expediente porque en su momento fue mano derecha de Carlos Corach en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y siendo Corach uno de los imputados, se consideró que no podía instruir una causa contra su ex jefe. Al mismo tiempo, el propio Ejecutivo, por iniciativa de Rúa y con el respaldo del ministro Horacio Rosatti y la Casa Rosada, impulsa el juicio político contra Bonadío porque tiene la causa desde el año 2000 y es muy poco lo que avanzó.
Durante meses Bonadío argumentó que no llamaba a indagatorias justamente por esa recusación, pero ayer dio un giro espectacular e imprevisto. Argumentó que no se puede perder más tiempo en darle una explicación a la sociedad y en un solo escrito citó a 37 personas.
La principal imputación contra Galeano, sus secretarios y los fiscales es que participaron del pago clandestino de 400.000 dólares a Carlos Telleldín a cambio de que éste declare contra los policías bonaerenses que hasta entonces estaban imputados. El Tribunal Oral consideró que todo fue una maniobra, liberó a los ex uniformados y pidió la investigación del juez, los fiscales y sus colaboradores por haber plantado una pista falsa.
Anzorreguy también fue citado a indagatoria por el pago, ya que los fondos y la operación misma de la entrega del dinero la hicieron hombres de la central de espías. En la lista de los acusados figuran Alejandro Broussón y Patricio Pfinnen, que fueron altos cargos de operaciones en la SIDE, y también varios de los agentes que estuvieron los dos días en que los 400.000 dólares se le dieron a la esposa de Telleldín. El propio Telleldín, Ana Boragni, su mujer, y el abogado Víctor Stinfale también fueron citados a indagatoria.
Uno de los puntos que sirvieron de base de la investigación es el motor que se encontró entre los escombros de la AMIA y que, según el Tribunal Oral, fue parte del coche bomba. En el juicio se probó que el acta por la cual se certificó el hallazgo del motor es falsa, de manera que también fueron citados como imputados quienes firmaron aquel documento, entre ellos varios policías federales y testigos que, en verdad, mintieron a pedido de los policías. De la misma manera fueron imputados otros integrantes de la División Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal, que estuvo en las investigaciones al principio, el comisario retirado de la Bonaerense Luis Vicat, y el ex represor Héctor Vergez, quienes intentaron comprar o presionar testigos.
Bonadío igualmente citó al ex secretario de Galeano, Claudio Lifchitz, uno de los hombres que resultó clave para develar la trama oculta del caso AMIA. Lifchitz contó cómo se armó la pista policial considerada falsa por el Tribunal Oral, pese a lo cual ahora Bonadío intenta acusarlo de ser parte de la maniobra. El juez menciona a Corach, al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, y a su abogada; Marta Nercellas. El Tribunal Oral sostuvo que existen indicios de que conocían el pago ilegal a Telleldín y que grabaron de forma clandestina a uno de los imputados. Bonadío dice que sigue estudiando su actuación, pero no los llama a indagatoria.
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