Santiago Lozano, un ex funcionario del Ministerio de Interior durante la gestión de José Luis Manzano, aportó al fiscal Paulo Starc nombres y detalles sobre el pago de sobresueldos en la era menemista. La declaración habría involucrado a los ex ministros Eduardo Bauzá y José Luis Manzano. En la misma causa, Raúl Granillo Ocampo pidió la suspensión de su indagatoria con el argumento de que ya está siendo investigado por el juez Norberto Oyarbide, quien lo procesó por enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, Oscar Camilión cada día admite mayores ingresos como ex ministro de Carlos Menem: ahora reconoció públicamente que además de su sueldo como titular de la cartera de Defensa y un sobresueldo de 30 mil pesos-dólares mensuales, cobraba otros 5 mil para gastos protocolares.
Después de rehuir de cinco citaciones, Lozano decidió presentarse ante la Justicia. Con algunas horas de retraso y ante el temor de ser llevado por la fuerza pública, el ex funcionario del Ministerio de Interior –durante la gestión Manzano– se sentó el martes por la noche frente al fiscal de la causa Starc. Allí no sólo confirmó que como ex subsecretario cobró (durante 1991 y 1992) sobresueldos de entre 3000 y 5000 pesos mensuales sino que además “dio nombres” y reveló “detalles” que apuntan a Manzano y a la Jefatura de Gabinete que entonces comandaba Bauzá.
Lozano, un dirigente de la UCeDé que llegó a la Subsecretaría de Asuntos Constitucionales de la mano de Adelina Dalesio de Viola, había admitido el pago de sobresueldos en el juicio oral contra María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito. En su declaración como testigo, Lozano intentó —siguiendo la estrategia de la defensa– justificar el incremento patrimonial de su amiga reconociendo el sistema de pago de sueldos adicionales y en negro a funcionarios y que el ex secretario de Ingresos Públicos, el fallecido Carlos Tacchi, le había dicho que los mismos “eran fondos pagados en virtud de una ley secreta”.
La estrategia del ex ministro de Justicia de Menem Granillo Ocampo fue distinta. Sus abogados presentaron ante Ballestero un pedido de suspensión de su indagatoria –prevista para el jueves– con argumentos similares a los de la defensa de Domingo Cavallo: “falta de acción”, por entender que esa situación ya se investiga en otra causa judicial. La diferencia –según fuentes judiciales– es que Cavallo fue sobreseído en las causas por “evasión” y “enriquecimiento ilícito”, mientras que Granillo “está procesado por no poder justificar su abultado crecimiento patrimonial durante su paso por la función pública”.
Quien sí abrió la boca fue Camilión. Ante Ballestero sólo llevó por escrito la misma declaración que hizo frente al juez Julio Speroni, en la que confesó el cobro de sobresueldos de 30 mil pesos mensuales después que se conoció que tenía una cuenta en Suiza con dos millones de dólares. Pero su verborragia no se detiene en su habituales charlas con periodistas. “Exacto”, “Así es”, contestó a la pregunta si además de sueldo y sobresueldo cobraba los cinco mil pesos que Cavallo reconocía como “gastos protocolares” que también “provenían de fondos reservados”. Camilión también admitió la recomendación de Cavallo de blanquear esos gastos y afirmó que la Secretaría de Hacienda confeccionó una “fórmula” para que “esos fondos no sufrieran tributos fiscales”.