Anoche, por decreto, el presidente Néstor Kirchner aceptó la renuncia del defensor general Miguel Angel Romero. El lunes, Romero había anunciado su alejamiento para evitar, según dijo con cierta exageración, que el proceso de juicio político que lo amenaza afectara la dignidad del cargo. En el Consejo de la Magistratura se acumulaban alrededor de 40 cargos que lo colocaban de manera casi inexorable en el camino de la destitución. El último escándalo fue producido por la investigación realizada por Página/12 en torno al oscuro manejo de las curadurías y el destino de los bienes de insanos e incapacitados. Con su dimisión, desaparece de la titularidad del Ministerio Público el último funcionario del menemismo.
Hace siete años, en marzo de 1998, el Senado aceptó los pliegos de Romero, ratificándolo así en una gestión a la que había accedido por decisión presidencial, antes de que fuera aprobada la ley que regula la designación y las facultades de fiscales y defensores oficiales. Menem especulaba aún con la idea de perpetuarse a través de un tercer período y la presencia de dos hombres de confianza en esos puestos le garantizaba el control de los más importantes estamentos del Poder Judicial. El mendocino Nicolás Becerra, vinculado al ex ministro del Interior José Luis Manzano y al poderoso ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi, recaló en la Procuración desde donde iba a marcar a presión la labor de los fiscales, en especial la de aquellos que debían investigar las causas vinculadas al poder; Romero tenía con el entonces presidente una relación todavía más cercana. Su condición de asesor de la policía riojana –durante los años de la dictadura militar– le habían hecho anudar una sólida amistad con Ramón Hernández. Se afirma que fue ese padrino quien lo llevó a los tribunales de la provincia, primero como fiscal y más tarde como juez.
Cuando Menem accedió a la primera magistratura no olvidó a Romero. Visionario y previsor, lo nombró como camarista en el fuero penal económico. Fue una escala breve porque al bonaerense convertido en riojano por adopción le aguardaba un destino de mayor visibilidad: la cúpula del Ministerio Público, la Defensoría General. Su nombre fue resistido –sin mucho fervor, es cierto– a causa del perfil, poco garantista y poco apropiado para un defensor. Esos temores se verían confirmados a poco de andar, cuando Romero distribuyó una circular entre sus subordinados ordenándoles hacer cursos de interrogatorio e investigación en la Escuela de Inteligencia. No satisfecho con ese debut y ajeno a las polvaredas que levantaban sus directivas, volvió a la carga para indicarles a los defensores que a los testigos, en los juicios, debían preguntarles “cuatro pavadas” porque, total, los imputados “llegan todos condenados”.
Ese talante brutal, burdo y despectivo provocó un mar de irritaciones entre los miembros más antiguos y prestigiosos de la defensoría. Fue denunciado por Hilario Lagos y, más tarde, saldría mal parado de un encontronazo con el defensor general de Casación Mario Landaburu, su opuesto, ex abogado defensor de presos políticos, ex abogado de la CGT de los Argentinos y titular de la Asociación Gremial de Abogados, el nucleamiento que agrupaba en los años ’60 y ’70 a los sectores más progresistas del foro de la capital. Otro memorable desaguisado lo constituyó su idea de cerrar el Congreso para posibilitar la reelección de Menem. “A éste no le sube el agua al tanque”, graficó con su buen humor característico el riojano Jorge Yoma, sobreseído en la querella que le iniciara Romero, quien se olvidó de ratificarla y de presentar pruebas. El año pasado, Romero coronó su performance al recibir del juez federal Norberto Oyarbide una condena de un año de prisión en suspenso. La causa: una demanda por calumnias presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien lo había acusado de nombrar de manera irregular defensores “ad hoc”.