Atacan a dos jueces intachables, modelos para la llamada “carrera judicial”, si es que ella existe, a raíz del contenido de una decisión suscripta por ellos: posibilitaron la libertad de un imputado. Unos, los más benévolos, explican que esos jueces carecen de “cintura política” y “percepción de la realidad”, otros, más osados, los califican como bien intencionados, pero que, lamentablemente, son aristócratas que utilizan una jerga ininteligible y viven en una campana de cristal, cuyo comportamiento favorece, involuntariamente, a los apologistas de la “mano dura”; otros, los más irreverentes y, algo peor, funcionarios de Gobierno, comenzando por el propio presidente de la República y sus ministros y terminando por otros, que ni siquiera pertenecen a la órbita de competencia del tribunal que juzga, califican la sentencia como “revulsiva”, “vergonzante”, “agraviante para la sociedad”, atentatoria contra las instituciones de la República y carente del sentido de Justicia o, más equilibradamente, carente de sentido común. Un ministro del ramo propuso “instruir” al fiscal, supuestamente independiente, según la Constitución, el Presidente “pide” al procurador general de la Nación que recurra un fallo –a mi juicio– irrecurrible y, por último, otro funcionario de gobierno del Poder Judicial inició el juicio de destitución de esos jueces, que progresa con una rapidez digna de mejores, aunque similares empresas.
Ante el espectáculo mediático y político se me ocurrieron una enorme cantidad de preguntas, algunas dirigidas a ciertas personas y otras más generales. La primera y más importante me condujo a recordar el “sano espíritu del pueblo alemán”, fundamento único de las sentencias de los Volksgericht de la época nacional-socialista en el país homónimo, aquí escondido tras el sentido de Justicia del pueblo, el sentido común, la carencia de cintura política, la ceguera ante la realidad, el lenguaje ininteligible, la campana de cristal, la revulsividad, el agravio hacia la sociedad, etc. Si esto es aquello que se desea, creo que no hay otra salida que la expulsión de los jueces que dictaron la controvertida sentencia, según parece comprender la iniciación del juicio de destitución, incluso antes de la lectura de la misma sentencia, por su sola repercusión, resultado o significado. Luego se me ocurrió pensar –ante críticas por la formación de los juristas– en la carencia curricular de la Facultad de alguna materia que les conceda “cintura política” o conocimientos sobre el “espíritu del pueblo”, y en cómo se vería esta exigencia en una ciencia distinta a la jurídica, como aquellas que enseña la Facultad de Ciencias Matemáticas. Vaya uno a saber qué sería de la matemática y la física, la química o la literatura, si sus cultores supieran o tuvieran “cintura política” o conocimientos sobre el “espíritu del pueblo”. Por último, para no abundar, advertí que varios de los fuertes críticos fueron educados en la Universidad de Buenos Aires y hasta al menos dos de ellos, han sido docentes de su Facultad de Derecho y en materia penal: ¿qué habrán enseñado a sus alumnos?
El problema, según me parece a mí, reside en contestar a la pregunta acerca de si, en un Estado de Derecho, las decisiones judiciales deben estar gobernadas por la oportunidad o, mejor aunque más vulgarmente expresado, pueden ser “oportunistas”, tanto en sentido temporal como en su contenido material, o por lo contrario, en ese tipo de organización social sólo estamos dispuestos a conceder a sus jueces un poder limitado a la aplicación de la ley, según su leal saber y entender. La pregunta debería ser contestada, pero no por mí, que soy juez y ya he decidido el camino a tomar.
Pero aún se me ha ocurrido otra pregunta: ¿por qué no se arma similar escándalo cada vez que se encarcela a una persona?, sobre todo si se tiene en cuenta nuestra horrorosa infraestructura carcelaria y sus resultados. Con más dignidad que la que se dispensa a los prisioneros son tratados los animales en un zoológico.

* Integrante del Tribunal Supremo de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.