Roberto Lavagna confirmó ayer el adelanto exclusivo de Página/12 sobre límites a capitales golondrina. Aseguró que “está bajo estudio” el endurecimiento de esos controles. El ministro dio más precisiones: reveló que “hay en curso unas 185 inspecciones que está haciendo el Banco Central” para determinar el cumplimiento de los controles cambiarios que ya existen. Lavagna quiere ampliar a un año el período mínimo de permanencia de las inversiones financieras.
Página/12 informó en su edición de ayer que existe preocupación en Economía por la presión sobre el mercado cambiario ante la abundante oferta de divisas. En lo que va del mes, entre el Banco Central y el Banco Nación llevan adquiridos nada menos que 1089 millones de dólares para sostener el dólar en 2,90 pesos.
Ahora que el canje de la deuda se destrabó y permitirá la normalización financiera, los funcionarios piensan que el ingreso de billetes verdes se acrecentará. Y que esa avalancha presionará a la baja todavía más a la paridad cambiaria. Como se detectó que ya están entrando dólares de residentes argentinos que en la crisis de 2001 fugaron sus ahorros, Economía puso la lupa en ese sector.
A mediados de 2003, el Central amplió de tres a seis meses el período mínimo de permanencia de las inversiones en activos financieros. Ahora, la idea es llevar ese plazo a un año. Junto a esta iniciativa, los funcionarios evalúan una batería de medidas complementarias.
El objetivo es evitar que la apreciación del peso frente al dólar infle una burbuja que distorsione la economía, además de hacerla menos competitiva. En los casos de que se establezcan precios ficticios, el peligro es que se produzca una crisis cuando la burbuja se pinche y los valores se sinceren. Pero mientras eso no ocurre, los inversores tienen luz verde para hacer excelentes negocios financieros.
La pregunta que se hacen en la city es si el Gobierno podrá ser capaz de parar la baja del dólar si, en efecto, aumenta la oferta de divisas. La respuesta de los financistas es que sería muy difícil. Aun así, los mayores controles tendrían un efecto positivo: alargar el plazo de las inversiones especulativas, algo que ayudará a reducir el riesgo de una descompensación financiera con efectos negativos sobre la economía real.