“Es posible recuperar el dinero”, aseguró el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, después de que María Julia confirmara que, durante el gobierno de Carlos Menem, los ministros y secretarios cobraban sobresueldos que oscilaban entre 10 mil y 50 mil pesos por mes. Para intentar que la plata que se llevaron los ex funcionarios regrese a las arcas del Estado, la Oficina Anticorrupción (OA) se dirigirá al procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, para que éste se presente como “actor civil” en más de veinte causas relacionadas con hechos de corrupción.
Existen dos alternativas para recuperar la plata malhabida por los funcionarios o ex funcionarios. La primera es el decomiso de ese dinero. Esa vía fue la establecida por el tribunal oral que condenó a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito. Los jueces Horacio Vaccare, Leopoldo Bruiglia y María Cristina San Martino ordenaron recuperar los 500 mil dólares y 622 mil pesos que, según la sentencia –que aún no está firme–, la ingeniera no podía justificar.
La otra opción para que la plata vuelva al Estado es que éste se presente como víctima directa del delito y reclame una indemnización. Esto presupone la realización de una acción civil y escapa a las atribuciones de la OA. Es la Procuración del Tesoro o los abogados de los servicios jurídicos de cada ministerio o secretaría quienes deben llevar a cabo esa medida. “Existen más de 20 causas que requerirían el abocamiento al recupero de activos por parte de áreas como la Subsecretaría de Recursos Hídricos, los Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la Subsecretaría de Gestión Pública, la AFIP y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable”, señaló una fuente de la OA. Ese organismo pedirá a Guglielmino que concrete esa tarea. Sin embargo, para que eso sea posible, es necesario que avancen las causas judiciales.
De hecho, el ex ministro de Defensa Oscar Camilión aseguró que estaría dispuesto a devolver la plata que cobró de sobresueldos siempre que la Justicia resuelva que es ilegal. “Si se determina que es ilegal o si tengo temas fiscales estaría dispuesto a devolver la plata. Si la Justicia acepta la legalidad de los sobresueldos, ¿por qué los voy a devolver?”, señaló el ex ministro. En los próximos días, el juez federal Jorge Ballestero debe resolver la situación procesal de Camilión y el ex funcionario Rodolfo Aiello, que ya declararon en la causa.