Por Diego Martínez

El actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo encubrió los fusilamientos fraguados por el Cuerpo V de Ejército en Bahía Blanca. Además de rechazar hábeas corpus, entregar cadáveres ametrallados y ordenar seccionar las manos de falsos NN mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, el entonces juez federal de Bahía Blanca también sobreseyó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad, anterior al golpe de Estado.
Para justificar su fallecimiento, el comando a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y tirarse al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de “12 a 15 desconocidos” lo había robado de una ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue. En apenas un mes, Madueño archivó la causa sin intentar identificar a los desconocidos de siempre. Ese fue su aporte al terrorismo de Estado previo al golpe. Ya en dictadura, en abril de 1976, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles y luego torturados. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia. Mientras las Fuerzas Armadas se dedicaban a secuestrar, torturar, fusilar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas, Madueño y sus secretarios se prestaron durante tres años a una parodia de juicio, por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur, que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. Por estas razones el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota, pero una vez más informó que “tiene como norma hablar sólo por medio de sus fallos”.

El caso Bombara

El 15 de diciembre de 1975, Montoneros emboscó a una camioneta del Ejército para conseguir armas. En el operativo murieron el cabo primero Bruno Rojas y el soldado René Papini, que desde la cabina intentaron repeler el ataque. Dos de los cuatro conscriptos que viajaban en la caja declararon ante el juzgado militar 90 que los atacantes los hicieron bajar y les dijeron “la cosa no es con ustedes, a la cabina le tiramos porque empezaron a tirar”. Los otros dos admitieron que salieron corriendo. Mientras Madueño comenzaba a instruir la causa por homicidio, el Ejército comenzaba a investigar a su manera.
Dos semanas después la policía detuvo a Daniel Bombara, un militante de la Juventud Peronista surgido de la Juventud Universitaria Católica y miembro del gremio de no docentes de la UNS. El jefe de la Unidad Regional 5 comisario mayor Ricardo Bartola hizo constar en el acta que la detención fue “sin resistencia”, que “ordenó el procedimiento el señor jefe de la zona de defensa 5, subzona 51”, general de brigada Jorge Olivera Rovere, y que se realizó “bajo control operacional de las Fuerzas Armadas”. Bombara fue torturado hasta la muerte y es el primer desaparecido de Bahía Blanca, ya que hasta entonces la Triple A tiraba los cadáveres de sus víctimas al costado de alguna ruta.
Para no devolver su cuerpo con rastros de tortura, el Cuerpo V comandado por Suárez Mason montó una burda operación psicológica que un mes después Madueño archivó sin investigar y sin chistar. Primero informaron que el 1º de enero a la noche, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta de un patrullero y tirarse al asfalto. “Por lo rápido del suceso no fue posible obtener testigos, pese a que por el lugar circulaban vehículos en distintas direcciones, ninguno de los cuales detuvo su marcha”, escribió el oficial José Alberto Rodríguez, enviado desde La Plata por la Dirección de Investigaciones de la policía bonaerense. La patraña no terminó ahí. En la madrugada del 3 de enero de 1976 se simuló el robo del cadáver por parte de “12 a 15 NN desconocidos” que habrían interceptado la ambulancia de la Unidad Regional 5 que lo trasladaba desde la cárcel de Villa Floresta hasta la morgue del Hospital Municipal. Esta causa por “atentado a la autoridad y daño” junto con la del “intento de fuga” fueron elevadas a Madueño el 6 de enero. En apenas un mes se convenció de que era mejor no buscar a los falsos subversivos y la sobreseyó, previo dictamen de la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni (reciclada hoy como defensora ante la Cámara federal de Bahía Blanca).
Al margen de los cuentos absurdos sobre automovilistas que no acatan órdenes policiales y desconocidos que roban cadáveres a las tres de la madrugada, en la causa que Madueño cerró sin cuestionar consta que tras el “intento de evasión” del patrullero, el médico de policía Ricardo Andrés Flores certificó que Bombara presentaba “escoriaciones y politraumatismos” y un “discreto grado de confusión, siendo el origen de los mismos aparentemente elementos contundentes”. No parece una referencia al asfalto. Su estado es “grave, siendo necesario su traslado a un centro médico asistencial especializado”, aconsejó.
Pero “en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad militar” su cuerpo moribundo fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta, donde según la documentación oficial murió a las 19.50 de ese 2 de enero (según declaró un médico del SPB durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, llegó muerto al penal). A la medianoche los médicos policiales Elbio Rossier, Jorge Pedrueza, el propio Flores y el médico del SPB Carmelo Nicotra “de común acuerdo” solicitaron el traslado del cuerpo a la morgue “para mejor determinar las causas de la muerte”. Tres horas después, los prohombres de Suárez Mason harían tronar sus ametralladoras para que los vecinos bajaran las persianas, reconstruyeran el tiroteo en sus mentes aterrorizadas y lo certificaran con la crónica falsa de La Nueva Provincia (ver ilustración). Luego Nicotra firmaría el certificado de defunción, el Departamento de Inteligencia 181 del Ejército devolvería el DNI de Bombara y Madueño no citaría a ninguno de los médicos que habían visto el cadáver torturado.

Las mujeres

Sin embargo, para el juez la historia continuó. El 28 de abril, mientras el regimiento bahiense a cargo de los generales René Azpitarte y Acdel Vilas secuestraba y torturaba en forma sistemática, Madueño y su secretario Hugo Mario Sierra tuvieron la feliz idea de trasladarse hasta la cárcel de Olmos para tomarles declaración indagatoria sobre el caso Rojas-Papini a dos mujeres detenidas en el mismo raid que Bombara, pero que habían sobrevivido a la tortura. Una de ellas se sobrepuso al terror y denunció que había sido detenida “por personas de civil” y “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Dijo que “para evitar los castigos contestaba a todo afirmativamente” y que escuchó la voz de “otra persona que, igual que yo, había sido detenida”. Su testimonio lleva al pie las firmas de Madueño y Sierra, quien también logró reciclarse: en democracia se afilió a la UCR y es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la carrera de Derecho de la UNS.
Consultada para esta nota, esa mujer –que por razones personales pidió no ser citada pero está dispuesta a ratificarlo ante la Justicia– contó que “nos llevaron a un lugar apartado, sin casas. Lo recuerdo porque en un momento se me cayó la venda y por una ventana vi el horizonte. Nos hicieron desnudar y empezaron las torturas, de a uno. Me ataron de pies y manos al elástico de una cama, con correas de cuero, y me pasaron la picana por todo el cuerpo. Ahí estuvimos hasta la mañana siguiente, es decir el 30 de diciembre. A Daniel además le pegaban mucho, por esas cuestiones machistas de los militares. Luego nos repartieron por comisarías y días después me blanquearon. El 12 de enero llegué a la cárcel de Villa Floresta. El rumor que circulaba adentro era que el Servicio Penitenciario no había querido recibir a Daniel en tan mal estado. Después me trasladaron a Olmos, donde vino a tomarme declaración Madueño. Le conté que nos habían torturado y le pregunté qué iba a pasar con mi denuncia. Me dijo algo así como ‘mejor no poner esas cosas’. No sabía qué había quedado escrito”.
La segunda mujer es María Emilia Salto. En su declaración ante el juez no consta que haya denunciado torturas y ante Página/12 recordó haber escuchado los gritos de Bombara aunque duda haberlo declarado ante el juez. “Supongo que sí, porque se lo decíamos a todos. El juez no buscó contradicciones, no fue un interrogatorio. Fue más bien como alguien que ya sabe lo que pasó y no tiene demasiado interés en saber más. Sé que el juez le pidió al Ejército las pruebas que tenían en mi contra y nunca las recibió, por eso planteó el sobreseimiento provisorio, actitud que en ese estado de terrible orfandad me pareció bastante legal”, concluye.
Cuatro meses después de recibir los testimonios y siempre con dictamen favorable de la fiscal Valdunciel de Moroni, Madueño sobreseyó la causa y dejó que el Ejército hiciera justicia sin obstáculos. El 15 de diciembre, en el acto por el aniversario de la creación del comando y al año del robo de armas perpetrado por Montoneros, el general Azpitarte declaró que “el Cuerpo V está en el camino del cumplimiento de una misión y lo hace al estilo del soldado, silenciosamente, sin estridencia ni ampulosidad, con seriedad”. Esa noche sus subordinados fusilaron en el mismo lugar donde un año antes habían muerto los dos soldados a Fernando “Tito” Jara. Los vecinos del selecto barrio Palihue lo escucharon gritar “no me maten”. Al día siguiente el Cuerpo V difundió dos comunicados, ambos falsos.