El Gobierno, la CGT y las principales cámaras empresarias aprobaron ayer un aumento del salario mínimo de 450 a 630 pesos. La suba se implementará en tres etapas: a 510 pesos desde el 1º de mayo, a 570 desde junio y a 630 desde julio. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, comentó a Página/12 que la mejora alcanza a unos 900 mil trabajadores registrados y a un número significativo de empleados no declarados. “El aumento es para todos”, remarcó. Sobre un universo de 6 millones de personas ocupadas, 2,3 millones se desempeñan “en negro”. Se presume que la mayoría de ellos cobra el mínimo, por lo que el ajuste “también impactará en ese sector”. Los tres delegados de la CTA fueron los únicos que votaron en contra del incremento, por considerarlo insuficiente, mientras que los cuatro representantes del sector rural se abstuvieron. Los otros 22 votos avalaron el aumento.
El Gobierno se apoyó en la CGT y en la Unión Industrial para imponer su propuesta en el Consejo del Salario. Son los dos interlocutores que eligió la Casa Rosada y la cartera laboral para negociar la política de ingresos. Y para cubrirse de las críticas de los sectores sindicales más combativos y de los empresarios menos dispuestos a aceptar la intervención del Poder Ejecutivo en cuestiones salariales.
Las peleas en esta materia se harán más intensas a medida que se acerquen las elecciones de octubre. Por esa razón, el Gobierno se guardó otros anuncios para más adelante. Se trata de la incorporación a los sueldos de los 100 pesos que actualmente se pagan como suma fija no remunerativa, de la extensión de la cobertura del seguro de desempleo, de un corrimiento hacia arriba de los salarios beneficiados con las asignaciones familiares y de la reducción o eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia con ingresos medios. Todos esos temas fueron conversados en el Consejo del Salario, según confirmó Tomada. “Nuestra idea es ir avanzando progresivamente”, aseguró, sin precisar plazos.
El ajuste del mínimo impacta en los empleados del sector privado y en los de la administración pública nacional. El personal doméstico, el trabajo a domicilio y los trabajadores del sector rural quedan excluidos porque se manejan con otros regímenes. También los estatales provinciales. La medida, sin embargo, tiene el mérito de poner en primer plano la discusión salarial. Varios gobernadores transmitieron al Ministerio de Economía su preocupación por este tema. Roberto Lavagna, por su parte, se prepara para resistir las presiones de los empleados públicos, con el argumento de que necesita el superávit fiscal para sostener el tipo de cambio. También aduce que incentivar el consumo podría provocar una burbuja similar a la del inicio de la convertibilidad, con riesgo inflacionario (ver aparte).
En la vereda opuesta a la del jefe de Economía, la CTA reclamó en la reunión del Consejo del Salario elevar el mínimo a 772 pesos y fijar un cronograma de ajustes hasta llevarlo a 1669 pesos, necesarios para cubrir una canasta familiar. Fue el único tema que desató un debate en la reunión entre el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas. Víctor De Gennaro, secretario general de CTA, reclamó la aprobación de una medida que había sido aceptada en noviembre pasado en la Comisión de Productividad del Consejo: definir el valor de la canasta básica y acomodar el salario mínimo en función de ello. Tomada, quien presidió la sesión de ayer, se opuso, aunque reconoció a este diario que “la ley ordena armar una canasta básica”. El ministro sostuvo que “no es una tarea fácil” y afirmó que antes de debatirse en el plenario del Consejo la tiene que tratar la Comisión del Salario.
De Gennaro consideró que el aumento del mínimo a 630 pesos “no garantiza una mejor distribución del ingreso” porque sólo comprende al 19 por ciento de los trabajadores y deja “fuera del debate a los desocupados, los trabajadores informales, los independientes y los jubilados”. “Hasta ahora la discusión sobre el salario favorece sólo a los grupos económicos concentrados, que son los que exportan.” Las otras voces disonantes en el Consejo fueron las de las cámaras del sector rural. Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales y Federación Agraria se abstuvieron en la votación y dijeron que el Gobierno debe tomar en cuenta la situación de los pequeños productores que no estarían en condiciones de conceder aumentos. De todos modos, los salarios en ese sector se definen en el Consejo Nacional del Trabajo Agrario.
Tomada se encargó de transmitir la evaluación del Gobierno. Dijo que la medida “forma parte de un proceso progresivo de recuperación del salario que venimos implementando desde un comienzo”. En ese sentido, recordó que entre 1993 y junio de 2003 el salario mínimo estuvo congelado en 200 pesos y a partir de ahí registró cinco aumentos: a 250 pesos en julio de 2003, a 300 en diciembre de ese año, a 350 en enero de 2004 a 450 en septiembre del año pasado y a 630 en julio próximo. “La clave de la política económica es mejorar la capacidad adquisitiva del salario, porque eso fortalece el mercado interno, favorece la producción y la creación de empleos”, destacó. “Estamos en el círculo virtuoso de la economía real”, concluyó.