El salario mínimo volvió a ser elevado por intervención gubernamental, con resignación empresaria y apoyo sindical parcial. Así, lo que desde ámbitos empresarios fue definido como un cuadro de aumento de la “conflictividad laboral”, definición correcta en la medida que el conflicto es inherente a la puja distributiva, ha demostrado ser insuficiente en materia de capacidad de negociación de los trabajadores. La realidad muestra que la elevada desocupación, la persistencia de altos niveles de informalidad y, como dato más reciente, la disminución de la capacidad de la economía para generar empleo siguen determinando la debilidad relativa de los trabajadores a la hora de pelear salarios.
De acuerdo con datos de Flacso, si se cruzan los números de la evolución de los salarios con el crecimiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec se tiene que entre octubre de 2001 y marzo de 2005, las retribuciones a los trabajadores cayeron el 12,8 por ciento en promedio. Sin embargo, según explica el economista Axel Kiciloff, investigador de la Universidad de Buenos Aires, cuando el poder adquisitivo del salario se mide según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la caída llega al 25 por ciento. La corrección es válida, argumenta, porque el IPC es inadecuado para medir el poder adquisitivo de los trabajadores. Dados los bajos salarios, la mayor parte del consumo de los empleados se dirige a los alimentos básicos, canasta cuyos precios “aumentaron 20 puntos por encima del IPC”, destaca Kiciloff. Más allá de esta discusión, lo cierto es que la participación de los asalariados en el ingreso nacional es cada vez menor. Mientras en 2001 la masa salarial alcanzó el 27,9 por ciento del PIB, en 2004 fue del 20,9 por ciento (a valores corrientes del PIB y los salarios).
En este contexto de pérdida de poder de negociación, en la reunión del Consejo del Salario las centrales sindicales, la CGT y la CTA, propusieron fijar el ingreso mínimo sobre la base del nivel de una canasta básica de consumo. La CTA consideró que dicha canasta se encontraba en abril en los 1665 pesos, mientras que la CGT la ubicó en 1997 pesos. Dado que el salario mínimo es la menor retribución que recibe un trabajador, en base a estos datos los representantes sindicales propusieron que su valor sea de 799 pesos, la CTA, y de 772 pesos, la CGT. Las razones de la valuación fueron estadísticas. Según la CTA durante “los períodos normales de la historia laboral argentina”, el mínimo representaba el 60 por ciento de la canasta. Pero aunque los mínimos propuestos por ambas centrales fueron similares, sólo la CTA rechazó la propuesta de 630 pesos acordados (ver aparte).
Al momento de explicar la aceptación de la CGT, Héctor Recalde, abogado de la central sindical, destacó que no debe confundirse salario mínimo con la llamada canasta de pobreza, pues dicha canasta corresponde a una familia tipo de 4 personas, mientras que el mínimo es un salario individual, que además no incluye ingresos “adicionales” como las asignaciones familiares, los 130 pesos anuales por escolaridad, aguinaldo y vacaciones, rubros que llevarían el ingreso mínimo real del trabajador por encima de los 800 pesos, lo que de alguna manera estaría en línea con los 799 pesos demandados.
En las reuniones mantenidas a principios de año entre la UIA y la CGT, el contenido de las negociaciones había sido distinto. En febrero se hablaba de que el poder de compra del salario había caído más del 20 por ciento tomando como base al ya bajo nivel de fines de 2001. El objetivo, entonces, era buscar tanto mecanismos de recuperación de la pérdida, como criterios de ajuste que eviten la reducción del poder de compra futuro. Antes de lanzarse a las remarcaciones de precios preventivas, los representantes de la UIA reconocieron la pérdida reclamada por la CGT, pero sólo aceptaron la segunda posibilidad; ajustar precios por inflación. La alternativa fue considerada indexatoria por Roberto Lavagna, lo que bastó para abortarla.
Tras el aumento del salario mínimo corresponde evaluar en qué medida contribuye al aumento global de la masa salarial. Un parámetro es tener en cuenta lo sucedido en anteriores subas inducidas por el Poder Ejecutivo. En este punto existe una disparidad entre las respuestas obtenidas en la EPH, donde responden directamente los asalariados, respecto de los datos de la seguridad social declarados por los empleadores. En el primero de los casos los aumentos serían significativamente menores que en el segundo, lo que explicaría la mejora relativa de los niveles de formalidad.