El 4 de noviembre de 2004, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decidió iniciar el juicio político a seis de los nueve integrantes del Consejo de la Magistratura porteño. La ex presidenta del Consejo Bettina Castorino presentó un escrito planteando nulidades del juicio ante la comisión investigadora, por lo tanto, hasta que no sean resueltas, no concurrirá a la audiencia para hacer su descargo. La misma actitud tomaron otros cuatro acusados. “La decisión de hacer pagar el impuesto a las Ganancias a los jueces es el verdadero motivo del juicio político que nos han iniciado”, expresó Castorino ante Página/12. Por su parte, el macrista Marcelo Godoy, presidente de la comisión investigadora, expresó que la decisión fue tomada por legisladores de casi todos los partidos y opinó que “es imposible pensar que se hayan puesto de acuerdo”. De todos modos, no habría en la Legislatura consenso para que prospere la acusación, según pudo saber este diario tras consultar fuentes de ese cuerpo.
Godoy explicó a Página/12 que el enjuiciamiento fue una decisión que votó “la Legislatura en su conjunto”. Según el procedimiento, recién cuando los consejeros terminen de hacer sus exposiciones de defensa, la comisión emitirá su dictamen que, de todos modos, no es vinculante. El diputado precisó que se los acusa de “mal desempeño” en sus funciones y enumeró algunos de los hechos que abonan la imputación: incompatibilidades, nombramiento de empleados sin concursos y administración incorrecta con relación a la cantidad de insumos que necesitan los magistrados. “Se compró un edificio que resultó no ser apto para el Poder Judicial”, ejemplificó el legislador macrista.
La anterior conformación del Consejo había recibido cuestionamientos y acusaciones, incluso penales, por administración fraudulenta que en su momento promovió la actual defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini. La gestión encabezada por Castorino realizó un sumario interno, detectó irregularidades similares a las denunciadas por Pierini, y exoneró al administrador general, Norberto Urfeig, y a la tesorera del Consejo, Elena Alvarez. Este diario le preguntó a Godoy si veía alguna vinculación entre estos hechos y el enjuiciamiento de Castorino y los demás consejeros. “Le doy mi palabra de honor de que no escuché la más mínima palabra por parte de la gente echada”, respondió. Sin embargo, admitió que la imposición del pago del impuesto a las Ganancias generó malestar. Pero aclaró que él no votó a favor del juicio político. “No tengo ninguna animadversión personal, esto lo votaron kirchneristas, macristas, legisladores de izquierda, de López Murphy, de Patricia Bullrich y del ARI. Por lo tanto, la teoría conspirativa no tiene lógica porque tan diversos diputados deben haber encontrado motivos suficientes para impulsar el juicio.”
Los consejeros acusados son María Celia Marsili, Magdalena Iráizoz, Diego May Zubiría (representantes de los abogados), Carlos Rosenfeld, Juan De Stefano y Bettina Castorino (representantes de los políticos). Estos seis consejeros fueron quienes dispusieron el 25 de noviembre de 2003 que los jueces del Poder Judicial de la ciudad pagaran el impuesto a las Ganancias como cualquier contribuyente, pero a diferencia de los miembros de la Justicia del resto del país que están exceptuados por una acordada de la Corte Suprema. La decisión se tomó cuando Castorino –que es patrocinada por Hernán Gullco y el ex fiscal Julio César Strassera– era la presidenta del Consejo.
La medida provocó una fuerte reacción de los magistrados, a tal punto que los consejeros tuvieron que dejar sin efecto la iniciativa el 2 de septiembre de 2004. Según una fuente allegada a los consejeros acusados, entre el dictado de la resolución y su marcha atrás, los jueces porteños iniciaron acciones judiciales y las primeras sentencias convalidaron la decisión del Consejo.“Parecería que los hechos que se investigan relacionados con el Consejo de la Magistratura son de tipo político y no creo que ameriten la moción de enjuiciamiento de los consejeros”, opinó ante Página/12 la diputada del Frente Grande, Sandra Dosch. “Al tomar las declaraciones testimoniales, nos enteramos de que de los 232 amparos que tramitan en la Justicia de la ciudad contra el Consejo, unos 200 fueron iniciados por el desacuerdo con el pago del impuesto a las Ganancias, y hasta han promovido un amparo porque no nombraron a un ordenanza que (los jueces) querían”, completó.
La legisladora describió que “muchas de las irregularidades que se han detectado en la investigación vienen de arrastre de la gestión anterior, en la que el Consejo tenía una composición diferente, de allí que cuando se detectaron irregularidades en las contrataciones ya no se podía dar marcha atrás porque se creaban problemas peores que la solución pretendida”. Acerca de los insumos, afirmó que “si no se renovaban algunos contratos, directamente la administración de Justicia de la ciudad se hubiera paralizado”.