“No me eligen por mi prontuario sino por mi inteligencia”, se ufanó Carlos Grosso cuando reapareció en la Casa Rosada de la mano del fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá. Justamente en esa última semana de diciembre del 2001, la Cámara Federal había rechazado un pedido de prisión preventiva en su contra por el affaire de la escuela-shopping. Ayer, a catorce años del negociado que transformó una escuela pública del barrio de Once en un engendro en el que conviven aulas con locales comerciales, la Cámara revocó el sobreseimiento dictado en favor del ex intendente y varios ex concejales y ordenó a la Justicia que los siga investigando por posible malversación de caudales públicos o peculado. No ya en los pasillos de la Rosada sino de Tribunales Grosso reaparecerá: esta vez, sin duda, por su prontuario.
En mayo del ’91, el entonces concejal del Fredejuso Aníbal Ibarra y su par del partido Federal Guillermo Francos denunciaron a Grosso y a los 42 concejales que a las 3 de la madrugada del domingo 30 de diciembre de 1990 votaron a favor de la aprobación del proyecto que cedió al empresario Salomón Salem la planta baja de la escuela Nº 16 Presidente Mitre, ubicada en Pueyrredón y Sarmiento, y 25 locales en la feria municipal CAM-74, a cambio de archivar un reclamo por una deuda y remodelar la escuela. El acuerdo implicó que 24 horas después de su aprobación, Salem debía ceder los negocios de la feria a una firma vinculada con varios ediles que se habrían encargado de hacer el lobby.
La trastienda del negociado que no respetó ni la categoría de edificio histórico de la escuela –lo cual la protegía supuestamente de modificaciones edilicias– es digna de una novela: las crónicas de la época cuentan que la trenza entre concejales peronistas y radicales había previsto todo menos la firma de Grosso. Fueron tres concejales los comisionados entonces en la madrugada de ese 30 de diciembre para ir a la casa del entonces intendente porteño y pedirle que rubrique el proyecto para sancionarlo de inmediato.
Ahora, el fallo de Cámara –que hizo lugar a la apelación de la Procuración porteña y del fiscal Luis Comparatore– prevé que a Grosso, a los ex concejales Miguel Herschberg, Héctor Fernández y Tomás Bres y a quienes figuraron como adquirentes de la esquina que se convirtió en shopping, Hugo Szeinbaum, Salomón Salem y Sofía Maraschi Levi, se los puede investigar por delitos más graves que estafa o fraude, cuyas penas máximas de 6 años de cárcel habrían hecho prescribir la causa. La prescripción había sido resuelta por el juez federal Ariel Lijo a pedido de las defensas de los investigados, debido que hasta ese momento se los imputaba justamente de esos delitos. En realidad, seis años demoró la Corte Suprema en decidir si la pesquisa debía pasar a la Justicia federal o no.