Dos meses antes de la masacre de Avellaneda, durante una protesta frente a la Municipalidad de Lanús, un agente del servicio penitenciario se acercó al piquete en una moto, intentó cruzarlo y, luego de provocar una discusión con los desocupados, sacó su arma y disparó contra uno de ellos. El agresor era un suboficial que alegó que ese día estaba de franco y había pasado por el lugar de casualidad, aunque la investigación probó que iba con el chaleco antibalas puesto y en un vehículo sin patente. Ayer, al término de un juicio oral, el Tribunal Nº 5 de Lomas de Zamora lo condenó a cinco años y seis meses de prisión efectiva.
Los jueces consideraron probado que el acusado, Gustavo Cabrera, había realizado “al menos tres disparos” ante “centenares de personas que manifestaban por el cobro adeudado de planes sociales”.
El fallo del tribunal que preside Pedro Raúl Pianta señaló también que “no se puede criminalizar la protesta social”, luego de destacar que el corte de la calle se había originado por el reclamo de “familias sometidas a una realidad de extrema necesidad”. Los jueces consideraron como agravante el hecho de que Cabrera fuera un funcionario del Estado, integrante de una fuerza de seguridad. Finalmente, ordenaron que se inicie una investigación sobre la complicidad policial en el hecho, ya que el personal de la comisaría 1ª de Lanús dejó atravesar por su retén al motociclista, quien quedó así cara a cara con los manifestantes.
El desocupado baleado, Juan Arredondo, presenció la audiencia junto a sus compañeros del Frente Darío Santillán. La organización piquetera a la que pertenecían Santillán y Kosteki mantiene desde hace veinte días un acampe frente al edificio de los tribunales en reclamo de justicia.