La Corte Suprema se reunió ayer para dar las últimas pinceladas a un fallo que hará historia. Los ministros dejaron todo prácticamente listo para firmar hoy la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Será una decisión crucial para destrabar los juicios contra los represores de la última dictadura y allanar el camino para que sean condenados.
Son siete los jueces que se pronunciarán por invalidar las leyes de impunidad, aunque cada uno lo haría con argumentos propios. Ayer circulaban por los despachos del tribunal proyectos muy extensos, algunos con más de sesenta páginas. La mayoría, al parecer, integrará dos temas complementarios: dictará la inconstitucionalidad de ambas normas, sancionadas en 1986 y 1987, y haría alguna referencia que convalide la ley del Congreso que las anuló en 2003. De esta manera, la Corte impediría que queden flancos abiertos que sirvan a los acusados de violaciones a los derechos humanos para especular con esquivar el castigo judicial.
El alto tribunal eligió para expedirse la causa referida a la desaparición de José Liborio Poblete y Gertrudis Marta Hlaczik y la apropiación de su hija Claudia Victoria Poblete. En este expediente unieron esfuerzos las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A la Corte, el caso llegó por la apelación de su procesamiento que hizo el represor Julio Simón, alias “el Turco Julián”, arrestado en 2001 por orden del juez Gabriel Cavallo. Este magistrado declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, luego confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.
Entre los actuales miembros de la Corte hay tres que en los ochenta avalaron las leyes del olvido: Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Enrique Petracchi. Los dos primeros mantendrán su antigua postura. Petracchi, en cambio, decidió modificarla y se inclinará por la inconstitucionalidad junto con Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Ricardo Lorenzetti y Antonio Boggiano.
Desde que a comienzos de mayo recibieron un dictamen con la opinión del procurador general, Esteban Righi, los supremos ya no tenían excusas para seguir postergando un pronunciamiento. Sólo debían encontrar algún fundamento para justificar por qué considerarían prescindible un fallo previo de la Cámara de Casación, que mantiene el tema sin definición desde hace dos años. Para su reunión plenaria tendrán todo resuelto.
Righi sostuvo que “el Congreso de la Nación no tenía competencia para dictar las leyes de punto final y obediencia debida, pues ya para la época de su sanción se hallaban vigentes en el derecho interno normas de jerarquía superior que vedaban al Congreso la posibilidad de dictar leyes cuyo efecto fuera impedir la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos”. El procurador consideró que las dos normas son contrarias a la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos y otros elementos aparecerán en el fallo supremo que se avecina.
La nulidad de las leyes de impunidad resuelta por el Congreso en 2003 permitió la reapertura de las megacausas sobre los crímenes cometidos en la ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército, pero una resolución de la Corte es indispensable para que todas las causas vinculadas al terrorismo de Estado avancen y sean elevadas a juicio oral. Desde que comenzó su proceso de renovación, a partir de la salida de Julio Nazareno, el tribunal fue apilando los ladrillos de la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida en resoluciones que alentaron la continuidad de las pesquisas sobre desapariciones y apropiación de menores. Incluso llegaron a declarar imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Hoy darán el paso más esperado.