A partir del fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba puede reabrir la causa 31M87 (que contiene a su vez 437 causas que quedaron congeladas a fines de los ’80) y proceder contra decenas de imputados menos contra el jefe máximo de la represión: Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera excluido de las mencionadas leyes y beneficiado por el decreto de indulto 1002/89. Por este motivo, tanto la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, quien investiga los crímenes cometidos en el marco del Tercer Cuerpo de Ejército, como los abogados y las organizaciones de derechos humanos exigen que la Corte dicte la inconstitucionalidad del indulto “independientemente de que Menéndez esté hoy procesado y detenido por su participación en cinco nuevas causas que están fuera de la causa madre”, señaló Filoñuk a este diario.
“Estamos trabajando en algo similar a lo dictaminado por la Corte”, dijo a Página/12 uno de los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al conocerse el histórico fallo. Pero, aunque no quiso adelantar posiciones “porque primero quiero leer detalladamente lo resuelto por los supremos”, reconoció que “el dictamen es una obligación moral, no jurídica”, debido a que la Cámara no está obligada a acatar en el mismo sentido la decisión de la Corte Suprema.
La fiscal López de Filoñuk no dejó pasar la oportunidad para remarcar una situación absurda que podría darse en Córdoba: “En el supuesto hipotético de que la Cámara Federal receptase en la misma forma el fallo de la Corte, cosa que esperamos suceda, se va a reabrir la causa que quedó pendiente y congelada pudiendo proceder contra todos los imputados, pero no contra Menéndez, que fue el jefe de la represión, debido a que éste fue excluido de las leyes y beneficiado por el decreto 1002/89. Entonces, es necesaria la declaración de inconstitucionalidad del indulto, un pedido que solicité hace tres años y que en marzo del año pasado el fiscal Eduardo Freiler también pidió y fue confirmado por la Sala 2 de la Cámara Federal porteña”.
De todas maneras, Filoñuk señaló que Menéndez está hoy procesado y detenido por otras causas nuevas, que no son alcanzadas por el beneficio del indulto. “Esta fiscalía promovió acción penal contra él y otros jefes del Tercer Cuerpo en las causas Brandalisis, Hunziker, Tello Biscayart, Raúl Morales y Bruno Laborda, que siguen su curso independientemente del fallo de la Corte.”
María Elba Martínez, abogada querellante, sostuvo que “ahora el camino debería quedar libre en todas las causas que se tramitan en esta provincia, debido a que las leyes desplazaban la responsabilidad hacia arriba, pero nunca negaron la existencia de los hechos ni la individualización de los criminales. El fallo levanta el bloqueo sancionatorio, porque las leyes son inconstitucionales. Esperemos que la Cámara, que duerme desde hace tres años, permita el juzgamiento de los responsables de homicidios, que no deben circunscribirse a los militares, que fueron los verdugos, sino a los inquisidores que participaron en toda la estructura del Estado. Gente que convalidó todo y por lo tanto son partícipes necesarios, por lo que merecen la pena del autor”.
Sonia Torres, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, resaltó que “por fin se dio lo que esperábamos desde que se crearon estas leyes malditas, y ahora esta resolución hace posible que las causas se puedan seguir”. Para Martín Fresneda, abogado de Hijos, el fallo es “un reconocimiento de los planteos de los organismos. La apertura de la Argentina a un nuevo escenario internacional, que permitirá allanar los obstáculos para juzgar el terrorismo de Estado”. En relación con su consecuencia jurídica, indicó que “la Cámara Federal de Córdoba debería fallar en el mismo sentido, y con ello reabrir las causas para terminar en el juicio oral y en la condena de los genocidas”.
Lo mismo piensa el fiscal federal general Alberto Lozada: “Por una cuestión de economía procesal, la Cámara debería actuar en el mismo sentido que la Corte. Caso contrario tendríamos que plantear un recurso de inconstitucionalidad y un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación o la Corte Suprema”. La posición del Ministerio Público es “llegar al juicio lo más pronto posible. No olvidemos que además de los jefes, que algunos han muerto y otros están viejos, quedan muchos de mediana edad y la idea es enjuiciarlos a todos”.
Algunos dicen que serían cientos los represores que podrían ser juzgados, otros afirman que no serían tantos. “A los diecisiete que hoy están procesados y detenidos, otros ya han muerto y existen muchos policías, federales y provinciales, que nunca fueron investigados ni imputados”, deslizó a este diario una fuente del Juzgado federal que tramita las causas en Córdoba.