Por José Maggi
Desde Rosario

La declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad tendrá distintas consecuencias en todo el ámbito del Segundo Cuerpo de Ejército, que abarca Santa Fe, Chaco y Formosa. En Rosario, donde ya están abiertos desde el 2004 varios expedientes, como la causa madre de la represión conocida como causa Feced –en referencia al gendarme interventor de la policía durante los primeros años de la dictadura–, la mayor parte de los imputados ya ha desfilado por los tribunales federales. Y los que no lo hicieron, como Leopoldo Fortunato Galtieri, es porque la muerte se adelantó a las cédulas de notificación. Entre los que declararon figuran Ramón Genaro Díaz Bessone, como responsable del Comando del Segundo Cuerpo. En Santa Fe, las expectativas están puestas en llevar por primera vez al banquillo a Juan Orlando Rolón, quien podría ser indagado y detenido si se reactiva la pista de las responsabilidades centrada en el Destacamento de Inteligencia durante la represión. También se espera que la Fiscalía renueve los pedidos de indagatorias y detenciones de al menos diez santafesinos vinculados con los delitos cometidos durante la dictadura.
Para Nadia Schujman, abogada de Hijos, el fallo de la Corte significa “un verdadero respaldo” a toda la actuación de juzgados de instrucción federales que reabrieron en el último año causas como Quinta de Funes, que comenzó como uno de los tantos juicios por la verdad histórica y se convirtió en el primer expediente reabierto. En esa causa ya desfilaron ante la Justicia Oscar Pascual Guerrieri y Juan Daniel Amelong, entre otros, ambos detenidos uno en Buenos Aires y otro en un batallón de Fray Luis Beltrán, cercano a Rosario. En esta causa el máximo responsable era Galtieri, pero nunca llegó a declarar.
En este sentido, Schujman recordó que “se pudo avanzar en estas causas porque los jueces declararon la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final”. Aunque recordó que “los defensores de los represores apelaron ante la Cámara Federal que nunca se pronunció”. “En verdad, parece que con este tema venían haciendo la plancha”, se quejó la abogada de Hijos, organización que protagonizara varios escraches al emblemático edificio federal donde sesiona la Cámara.
La letrada señaló que la decisión de la Corte “no va a traer demasiadas sorpresas en Rosario”, donde hace un año están siendo enjuiciados los responsables del terrorismo de Estado. Señaló como una de las consecuencias directas del fallo “la imposibilidad de los defensores de los procesados de plantear la obediencia debida en su favor. Pero sin dudas después están las cuestiones a especular, como que una señal tan clara de la Corte produce efectos políticos en los jueces a partir del posicionamiento del máximo tribunal”, agregó.
En Rosario están reabiertas también las causas que investigan el funcionamiento de un centro clandestino de detención en la que fuera la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu –donde actualmente funciona la Jefatura de Policía– y la denominada causa Feced. Se prevé que van a ser abiertos otros 15 expedientes originados por denuncias acumuladas en el último año y que son impulsados por la fiscal federal Griselda Tessio, quien arribara a los tribunales federales rosarinos para motorizar causas por violaciones a derechos humanos.
De igual modo, en la ciudad de San Lorenzo hay otras causas en las que están involucrados el ex diputado provincial justicialista Pedro Rodríguez y dos militares, Horacio Maderna y Rubén Cervera. Pero la causa que más interés despertó es la del cementerio de San Lorenzo, donde ya fueron reabiertas nueve tumbas, en las que habrían sido sepultados militantes asesinados durante la última dictadura.
Santa Fe
En la capital provincial, más de diez santafesinos podrían ser citados por la Justicia federal: Juan Orlando Rolón, por ejemplo, puede volver a los tribunales si el juez Reinaldo Rodríguez decide que debe dar explicaciones por la desaparición, apremios, persecución o muerte de 70 personas. El ex hombre fuerte y jefe del Area 212 del Ejército en Santa Fe había solicitado en abril que se lo exima de prisión porque “ya había sido juzgado” y beneficiado por la leyes de punto final y obediencia debida en dos expedientes abiertos hace años en Rosario.
Detrás de Rolón se ubican otros militares retirados. En este sentido, el fiscal Eduardo Grioglio comenzó a interesarse sobre la situación de integrantes del Destacamento de Inteligencia 122, desde el 1° de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1978. Entre ellos “el suboficial mayor retirado Nicolás Correa, quien se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 122. Actualmente, el Teté Correa se encuentra procesado por la Justicia federal santafesina, resolución confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Junto a él, también fueron procesados Víctor Brusa (ex juez federal), María Eva Aebi, Mario José Facino (intendente de San José del Rincón), Domingo Manuel Marcellini, Héctor Romeo Colombini, Juan Calixto Perizotti y Eduardo Alberto “Curro” Ramos.
Chaco
En tanto, Mario Bosch, abogado patrocinante de la causa Margarita Belén, remarcó que “la consecuencia directa más importante entre la docena de causas abiertas en la provincia del Chaco es la que involucra a un jefe de la patota de la Brigada de Investigaciones, Lucio Caballero, cuyos defensores habían planteado la prescripción de esos delitos. El fallo de la Corte marca la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y zanja cualquier discusión”.
Chaco es un lugar emblemático: es la tercera jurisdicción donde se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad (la primera es el caso Poblete, la segunda es Salta por el caso de la Masacre de las Palomitas): la causa Margarita Belén fue abierta el 8 de marzo del 2003 y tiene ya diez militares presos y uno prófugo. El 29 de junio el ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni va a declarar como ex secretario general de la gobernación chaqueña. Aunque solo irá como testigo.