El ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry fue indagado por la Justicia en la causa que investiga el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, sucedido en Buenos Aires en 1976. Contra lo que estaba previsto, el juez a cargo no se pronunció sobre el pedido de procesamiento presentado por los familiares de las víctimas. Bordaberry fue acusado junto con su canciller Juan Carlos Blanco, como responsable intelectual de ambos crímenes, presuntamente cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Impecablemente vestido, salió del tribunal y se escondió en su auto. Lo único que atinó a hacer fue un sospechoso gesto de saludo ante los gritos de “asesino” que lo acompañaron en el corto trayecto. Luego de presentar un escrito, Bordaberry declaró durante más de cuatro horas. Se trató de la primera vez que es indagado en la causa sobre el asesinato del senador Michelini, del Frente Amplio, y del presidente de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Ruiz, del Partido Blanco, exiliados en Argentina tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, en el que Bordaberry –hasta entonces presidente democrático– disolvió el Congreso y pasó a gobernar apoyándose en las Fuerzas Armadas.
Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976 en Buenos Aires. Sus cuerpos aparecieron dos días después, junto con los de Rosario Barredo y William Whitelaw, militantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN Tupamaros). Según informaron fuentes judiciales, también podría recaer sobre los ex funcionarios la responsabilidad por el asesinato de esos dirigentes. Bordaberry y Blanco además ya habían sido indagados en la causa que investigó la desaparición de la maestra Elena Quinteros por la que el ex canciller estuvo preso entre 2002 y 2003. Actualmente permanece en libertad condicional.
El juez Roberto Timbal citó al ex mandatario tras el pedido de 15 años de prisión que hizo la fiscal Mirtha Guianze acusando a Bordaberry y Blanco bajo el cargo de “coautoría de homicidio muy especialmente agravado”. Según informó la abogada de los familiares, Hebe Martínez Burlé, la presentación incluyó numerosas pruebas que los involucran directamente, entre ellas informes que habrían sido elaborados por las fuerzas de inteligencia y en los que Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron señalados como “peligrosos líderes tupamaros”.
Martínez Burlé también mencionó la existencia de pruebas que acreditan las comunicaciones que el gobierno de Bordaberry mantuvo con autoridades argentinas y los viajes realizados por Blanco a Buenos Aires días previos al secuestro de los dos dirigentes. La hipótesis de la acusación es que los asesinatos fueron ejecutados por oficiales argentinos en coordinación con el gobierno uruguayo “que instigó y ordenó el crimen”. En este sentido, la fiscalía sostuvo que los asesinatos se inscribieron en una operación encubierta del Plan Cóndor.
Según estaba previsto, el juez ayer debía expedirse sobre la causa. Sin embargo, decidió aplazar su pronunciamiento y hoy citó a declarar a Blanco. Ahora cuenta con 45 días para fallar sobre el caso, aunque es posible que el plazo se extienda aún más. A ello apunta la defensa del dictador, que citó a declarar a más testigos. La lista incluye a los ex presidentes Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, quienes deberán dar cuenta si tuvieron noticias de la existencia de los informes de inteligencia elaborados por la dictadura. Asimismo, el abogado defensor Gastón Chávez Hountou volvió a considerar que, por tratarse de un ex presidente, Bordaberry debe ser sometido a juicio político antes de responder a la Justicia, situación que deberá esclarecer la Corte Suprema. A pesar de las trabas, los familiares y sus abogados no pierden las esperanzas y sostienen que el ex dictador será juzgado. Así lo expresó Martínez Burlé: “Estamos hablando de cuatro homicidios especialmente agravados y lo normal es que cuando las cosas son tan contundentes el mismo día ocurre el procesamiento y la prisión. Pero no tengo la menor duda de que va a ser procesado y puesto en prisión”.

Informe: Carolina Keve.