El caso de la Legislatura está a cargo de la jueza Silvia Ramond, quien procesó a los 15 manifestantes detenidos por daños calificados (al considerarlos autores de las roturas del edificio), privación ilegítima de la libertad (sostuvo que habían impedido salir a los legisladores) y coacción agravada. Este último delito, que consiste en “las amenazas a miembros del poder público con el propósito de obtener alguna medida o concesión”, no es excarcelable. Aunque entre los presos hay quienes documentaron que no tomaron parte en los incidentes, la Cámara ratificó los procesamientos.