Sin mayores avances en la controvertida cuestión de los flujos comerciales internos, finalizó ayer en Asunción la reunión del Consejo del Mercado Común, el órgano de decisión política del bloque que trazó la agenda de la cumbre de jefes de Estado que sesionará hoy. Entre los puntos acordados se destacan la creación de un Fondo estructural por 100 millones de dólares anuales y el impulso del llamado “anillo energético” que vinculará a Perú, pasando por Chile, con la red de gasoductos argentinos con destino a Brasil, una obra que demandará una inversión de 2500 millones de dólares en la que se aportarán fondos del BID. También se aprobó la “Cláusula de derechos humanos”, que en esencia establece el prerrequisito de un Estado democrático para pertenecer al bloque.
La creación de un Fondo Estructural destinado a compensar las desigualdades de desarrollo entre los cuatro miembros plenos fue inspirada en la experiencia europea. Los 100 millones anuales se aportarán durante los próximos tres años y podrían incrementarse a partir de esa fecha. Brasil y la Argentina serán los principales aportantes, con el 70 y el 27 por ciento, respectivamente, en tanto Uruguay pondrá el 2 por ciento y Paraguay el 1 por ciento. Estos últimos países serán los receptores de al menos el 70 por ciento de los fondos, los que se destinarán a proyectos que generen empleo y disminuyan la pobreza en la región.
La integración del Fondo, una idea que surgió de la anterior reunión de Belo Horizonte, fue destacada por las cuatro delegaciones como un “paso fundamental” hacia la superación de las asimetrías y, a falta de otras definiciones, como “la decisión más importante” de este encuentro. “El Fondo (estructural) va más allá de las palabras. Es un compromiso financiero y es una respuesta nuestra. Como señal es muy buena”, destacó el vicecanciller argentino, Jorge Taiana.
Sin embargo, el punto que despertó mayor interés fue el de la integración energética regional. Aunque no existió una definición concreta dentro del Consejo, se consensuó que la declaración final que firmarán hoy los presidentes –además de los miembros plenos, los asociados Chile, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador– incluirá la voluntad de avanzar en la construcción del “anillo energético”, el proyecto que inicialmente contempla la construcción de un gasoducto que vincule el yacimiento de Camisea, al nordeste de Lima, hasta el norte de Chile para vincularse luego a la red que cruza a la Argentina y llega a Brasil.
Eduardo Sigal, subsecretario de Integración latinoamericana, informó que Paraguay pidió sumarse al proyecto, en tanto que Bolivia, que fue invitado a incorporarse, “mantiene una actitud expectante, en virtud de su situación política”. Por su parte, el canciller boliviano, Armando Loaiza, manifestó la disposición de Bolivia de “jugar un rol importante en la integración energética”. Más ambicioso, el canciller de Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, comparó el proyecto de integración con el Pacto del Carbón y el Acero, que dio nacimiento a la Comunidad Económica Europea, embrión de la actual Unión Europea.
Durante la reunión del CMC, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, manifestó la disposición de la entidad de financiar los trabajos técnicos y de construcción del proyecto que demandará unos 2500 millones de dólares. Los detalles de la participación del BID serán definidos el próximo miércoles en una reunión que se celebrará en la sede del banco en Washington, encuentro del que participará el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Por último, en el plano político, los ministros de los cuatro miembros en pleno firmaron el Protocolo de Asunción, un compromiso para “la promoción y protección de los derechos humanos del Mercosur y Estados Asociados”. El Protocolo establece que cuando “se registren graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en uno de los Estados parte, en situaciones de crisis institucional”, los demás socios promoverán consultas entre sí y con el país afectado, y en caso de resultar infructuosas podrán decidir medidas a aplicar. Según el texto, estas medidas “abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”.
También se decidió “la confección de la Cartilla del Ciudadano del Mercosur, que recopilará todas las normas vigentes en los 4 países que tengan injerencia en la vida civil, como homologación de títulos, requisitos para ejercer profesiones en cualquiera de los Estados parte, sistemas provisionales o normativas de defensa del consumidor”.