La última vez que abrimos los tribunales un feriado fue para el Juicio a las Juntas”, contaba, con ganas de charlar, uno de los custodios del Palacio de Justicia, emponchado en varias capas de abrigo. Después de veinte años, ayer hubo una nueva excepción para que pudiera comenzar otro proceso que dio y dará que hablar: el juicio político contra Juan José Galeano, acusado con quince cargos por las irregularidades cometidas en la causa AMIA. Antes de entrar a la sala de audiencias el juez federal, ahora suspendido, dijo que cree “haber entregado diez años” de su vida “para hacer algo positivo y no negativo”. “Hay muchas mentiras”, se quejó.
El jurado tendrá que decidir si destituye al juez a más tardar el 9 de agosto, cuando caducan los 180 días de plazo que comenzaron a correr desde que el Consejo de la Magistratura votó el enjuiciamiento. Hasta mañana está previsto que una secretaria lea las 599 páginas de la acusación y las cerca de 300 de la defensa. Esta tediosa formalidad se cumple a pedido de Galeano, que intenta estirar los tiempos como sea. Cuando termine esa lectura le darán la palabra y después empezará el desfile de 50 testigos, incluidos algunos ex funcionarios del menemismo como el entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy (ver aparte).
El juez está acusado de ser parte de una red de complicidades políticas y judiciales que impidió el esclarecimiento del ataque a la AMIA con el montaje de una pesquisa falsa para exhibir algún culpable. Así lo estableció el año pasado la sentencia del Tribunal Oral Federal 3 que juzgó el atentado, aunque el juicio político al magistrado había sido impulsado ya en 2001 (y por las mismas razones) por los familiares de las víctimas nucleados en Memoria Activa y la ex diputada Nilda Garré. A ellos con el tiempo se sumaron otros denunciantes. El inicio de este jury es el primer paso importante en la reconstrucción de la trama de responsabilidades. La Justicia penal va más lenta. Allí el juez Claudio Bonadío, que debe avanzar sobre ex funcionarios de gobierno, tiene hace cinco años la causa sobre las irregularidades y recién hace unos días pidió indagatorias.
Galeano llegó caminando solo al edificio de los Tribunales, donde ayer las voces se oían con eco. En la primera audiencia, que comenzó a las 14 y duró hasta la noche, la sala estuvo casi vacía. El juez quedó sentado de frente al jurado, que encabeza el vicepresidente de la Corte Suprema, Augusto Belluscio. Una pantalla, afuera del recinto, lo mostraba tomando notas y haciendo muecas mientras pasaba las páginas. Entre el público la mayoría eran asesores del Consejo de la Magistratura. En los bancos previstos para los familiares de las víctimas no había nadie, en parte porque los que suelen seguir el tema de cerca están citados como testigos. Tampoco hubo dirigentes de la AMIA y la DAIA, que durante la investigación del atentado terrorista apoyaron al magistrado que ahora está en el banquillo.
El principal cargo contra Galeano es por el pago ilegal de 400 mil dólares al armador de autos Carlos Telleldín para que involucrara a policías bonaerenses en el atentado. Esta operación quedó probada durante el juicio oral. Pero tiene otras imputaciones como su parcialidad, el uso de legajos paralelos a espaldas de las partes, la destrucción de algunas pruebas y la manipulación de otras, la coerción a testigos y entrevistas irregulares con personajes vinculados a la causa.
Los consejeros que elaboraron la acusación y que actúan como fiscales en el juicio son la diputada Marcela Rodríguez (ARI) y el abogado Beinusz Szmukler. Ellos piden que sea removido por mal desempeño, mala conducta y posible comisión de delito. A Galeano lo representa el defensor oficial Mariano Maciel. “Voy a demostrar la falta de validez de las acusaciones”, advirtió el juez. Dijo, además, que considera que instruyó la causa AMIA “con coraje y con valor, que es lo que necesita la sociedad”. “Voy a explicar todo lo que tenga que explicar”, insistió.
“Galeano se manejaba por indicaciones de la SIDE o la policía”, señaló Szmukler. “El fue quien hizo la negociación con Telleldín para que fabricara un culpable del atentado. La plata la puso la central de inteligencia”, precisó el abogado. Rodríguez resaltó que el comienzo del juicio político es el escalón inicial “para empezar a definir las responsabilidades del encubrimiento después de diez años de estar en situación de impunidad”.
Si Galeano decide hablar mañana cuando el jurado se lo ofrezca, estará expuesto a que le hagan preguntas. Si posterga su descargo para después de los alegatos no correrá ese riesgo. Estará en la recta final pero podrá hablar a su antojo. En el Consejo el año pasado habló durante 40 horas. Según Szmukler, haga lo que haga, “hay muchos elementos para destituirlo”.