Entre 50 pliegos que el Gobierno envió esta semana al Senado con candidatos para ocupar cargos vacantes en la Justicia, se filtró un caso controvertido. Para el Juzgado Correccional número 2 de Capital Federal el Poder Ejecutivo postuló a Domingo Montanaro, quien fue calificado como “no apto” para ser juez en el examen psicológico que tuvo que rendir en otro concurso ante el Consejo de la Magistratura. La Comisión de Selección de ese cuerpo, que preside Beinusz Szmukler, había alertado sobre esa situación en una nota enviada a Néstor Kirchner. Pero el resultado de ese test por ahora no se considera vinculante.
Desde que el Consejo de la Magistratura entró en funciones, Montanaro se presentó en catorce concursos. Obtuvo muy buenos puntajes en las pruebas de conocimientos y llegó a integrar varias ternas, pero hasta ahora siempre quedó excluido. Cuando el propio Consejo lo descartó fue porque se manifestó a favor de la pena de muerte para determinados casos. Además, fue denunciado por organizaciones sociales ya que, como juez subrogante, procesó a 21 personas en situación de emergencia habitacional por ocupar un inmueble y ordenó detener a cinco de ellas.
Recién este año el cuerpo que selecciona a los jueces y propone las ternas al Ejecutivo comenzó a implementar el examen psicológico –cuyo contenido es reservado– como obligatorio. El test lo lleva a cabo un cuerpo de especialistas de la Justicia bonaerense que determinó que Montanaro “no es apto” para la toga en un concurso para la Cámara Federal de La Plata. Sin embargo, su postulación ya había llegado al Ministerio de Justicia en otros concursos que se hicieron con anterioridad a la implementación de este tipo de prueba. Por eso Szmukler alertó en abril que había sido reprobado.
En una nota enviada a Enrique Petracchi como titular del Consejo, Montanaro cuestionó a Szmukler y objetó la evaluación psicológica por considerarla “una apreciación sin fundamento científico” referida a “características de personalidad”. Szmukler sostuvo que “ese examen está diseñado para la función, no es para ver si alguien está deprimido o es obsesivo, intenta ver si una persona es equilibrada, escucha, si dialoga, entre otras cosas”. “Nosotros como consejeros tenemos que proteger a la sociedad. No me parece que deba ser juez alguien que va a tomar decisiones sobre la vida, la libertad o el patrimonio que sea considerado como no apto por todo un cuerpo de psicólogos”, sostuvo.