En toda la historia una sola declaración de independencia se atrevió nada menos que a establecer como uno de los derechos del hombre “la búsqueda de la felicidad”. Tanta fuerza, y no sólo la realidad actual de una superpotencia única, convierte en una fecha política, incluso fuera de los Estados Unidos, la revolución de independencia del 4 de julio de 1776. Y cobra más fuerza cuando se articula con una realidad en movimiento. Ayer, en Buenos Aires, la fiesta del 4 de julio estuvo cruzada por la revelación de este diario sobre la relación entre Cogent y Ciccone.
Hubo unas 1200 personas entre empresarios, políticos, encuestadores, politólogos, diplomáticos, militares, jueces y periodistas.
Página/12 confirmó mediante innumerables diálogos –era sabrosos, y bien valían dejar al costado un saladito– que siguen vigentes los códigos no escritos de la diplomacia norteamericana.
Uno de esos códigos indica que siempre, ante situaciones serias, una embajada pide instrucciones al Departamento de Estado.
Otro es que la Embajada de los Estados Unidos suele reaccionar ante informaciones falsas relacionadas con su propia actividad.
El tercero, que no reacciona si esas informaciones surgen solo del mito o no tienen importancia.
El cuarto, que cuando una información es fuerte y la embajada no desmiente, confirma.
Hay un quinto: si prefiere callar o confirmar ante un dato muy serio es que también el Departamento de Estado apoya esa política.
“Nadie desmintió al diario”, fue una de las primeras afirmaciones recogidas ayer en el Palacio Bosch de Libertador al 3500.
El domingo, Página/12 informó que el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, mostró interés por auspiciar mediante carta dirigida al presidente Néstor Kirchner a una empresa con sede en su Estado, Cogent Inc.
El gesto es normal. También un gobernador argentino lo haría. Algo del dinero que gane Cogent, se supone, quedará en California.
El problema es que en la Argentina Cogent se asoció con Ciccone, una empresa con un récord en problemas provocados al Estado argentino. Problemas institucionales, incluso. O intangibles pero dañinos para un Estado que fue convertido antes en nene bobo: una licitación de documentos contenía un pliego estableciendo que la planta impresora no podía quedar a más de 60 kilómetros del centro de Buenos Aires. Ciccone queda en Don Torcuato.
Y el segundo problema es que la Embajada de los Estados Unidos cuenta con un funcionario en la sección comercial, Eugenio Pallarés, argentino, que tal como publicó el domingo este diario y nadie desmintió mantiene una doble lealtad profesional con Ciccone Calcográfica y con el Estado norteamericano.
Varios de los interlocutores de ayer entendieron que no se trataba de pedir el absurdo de que los diplomáticos no sean lobbistas legítimos de las empresas de sus países. Pero, ¿pueden ser lobbistas de una empresa en particular, que además tiene cuentas pendientes con el Estado de ese país? Ayer estaba en el festejo, de paso por Buenos Aires, difícil de reconocer sin bigotes pero inconfundible en su castellano un poco acordobesado, el ex consejero político, ex número dos y es embajador James Walsh. También Robert Felder, que pasó por aquí a finales de Raúl Alfonsín y comienzos de Carlos Menem y luego llegó a ser embajador en Venezuela.
Los dos fueron negociadores duros pero ninguno trabajó, por ejemplo, para Ciccone y, que se sepa, mientras estuvieron en funciones ambos se bastaron con el sueldo del gobierno norteamericano.
Tampoco hay ningún dato, ni siquiera a nivel de simple chisme, que indique doble lealtad del actual embajador, Lino Gutiérrez, o de su segundo, Hugo Llorens, de quienes depende en última instancia Pallarés.“El error de su nota es que usted debió poner que es obligación del gobierno argentino advertir a un inversor sobre Ciccone”, dijo uno de los presentes, que pidió reserva de su nombre.
Pero la averiguación previa de este diario ya había determinado que los diplomáticos extranjeros no habían hecho un interrogatorio específico a sus colegas argentinos. Sólo parecieron analizar, pragmáticamente, que Ciccone está en el negocio de los pasaportes, los documentos y las huellas dactilares, y que había que asociarse con ella. Dos más dos son cuatro. Pero, ¿eran cuatro en el caso de la sociedad con Ciccone?
Los Estados tienen sus formas de conseguir información. Sin embargo, a Cogent le hubiera bastado con el Google. O con revisar la colección de Página/12.
¿O dos más dos no eran cuatro porque Pallarés sumó mal?
Nadie explicó ayer, entre los saladitos, por qué si Pallarés hizo mal las cuentas deben pagar el error una empresa norteamericana y el gobierno de los Estados Unidos. Tampoco está claro por qué la Argentina debería mirar hacia el costado ante una asociación extraña que podría impedir el derecho a buscar su propia felicidad, algo que la declaración de independencia enuncia nada menos que entre las “verdades evidentes”.