“Nuestra tarea era impedir que los manifestantes ingresaran a Capital Federal o que se produjeran destrozos. La orden vino del (entonces) secretario de Seguridad, Juan José Alvarez.” La declaración del ex jefe de Gendarmería, Hugo Miranda, fue la que concentró la atención en una nueva jornada del juicio por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El testimonio puso en relieve la coordinación bajo la que trabajaron durante la represión las fuerzas de seguridad, al frente de un plan diseñado desde el gobierno de Eduardo Duhalde, contrarrestando la teoría oficial de que la masacre sólo se debió al exceso de algunos policías. Junto con Miranda también se presentó el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena. Fue la única presencia política, ya que las citaciones a Duhalde, Alvarez y al gobernador bonaerense, Felipe Solá, permanecen suspendidas por el pedido del fiscal Bernardo Schell.
El testimonio de Miranda y Jaunarena entró en línea con los de los policías que circularon hasta el momento frente al Tribunal. Los dos aseguraron desconocer si hubo un plan para reprimir e intentaron demostrar que no tuvieron nada que ver con el trágico operativo. “Yo no participé en ninguna reunión de gabinete. El presidente (Duhalde) tal vez discutió algo con los responsables de seguridad, pero yo no presencié ningún encuentro”, Jaunarena intentó así desarmar la hipótesis que sostiene la querella sobre la existencia de un plan del entonces gobierno de Duhalde para poner freno a la protesta social. El ex funcionario sólo se limitó a deslizar que “si se tomaban previsiones en el área de seguridad interior para un conflicto los encargados eran Duhalde, Rubén Matzkin (a cargo de Interior) y Alfredo Atanasof (ex jefe de Gabinete)”, mención que para el abogado de la querella, Claudio Pandolfi, no debe pasar inadvertida, ya que apunta hacia los responsables políticos de la represión.
Pese a que Miranda mantuvo el tono ambiguo y negó haber tenido conocimiento de las intenciones de Duhalde de reprimir a los grupos sociales, no desconoció la cadena de mandos sobre las que se ejecutaron las órdenes, dando elementos para avanzar por encima del ex comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejando Acosta, acusados como autores materiales de los asesinatos. “Si no había indicación del poder político no hubiera existido justificación para nuestro desplazamiento”, destacó. También admitió que el servicio de inteligencia de Gendarmería “tenía comunicación directa” con la SIDE “en caso de información relevante”.
No es la primera vez que el ex jefe de Gendarmería adjudica a los mandos políticos el desarrollo del operativo en el que por primera vez intervinieron la Policía Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal. Al respecto, Miranda explicó que “la coordinación (entre las cuatro fuerzas) pasaba por dividir una zona en particular”. “El terreno quedó fraccionado en dos secciones: la zona norte (Puente Saavedra), que quedó a cargo de Gendarmería, y la zona sur (Puente La Noria), a cargo de Prefectura.” El lado de provincia además quedaba custodiado por la Bonaerense y el de Capital por Policía Federal. Si bien la intención de Miranda fue remarcar que su fuerza no estuvo en el Puente Pueyrredón, donde sucedieron los hechos, su testimonio confirma la organización de un plan coordinado entre las fuerzas de seguridad.
Otra de las cuestiones que ocupó la jornada de ayer fue la suspensión momentánea de las declaraciones de Duhalde, Alvarez y Solá a raíz del pedido del fiscal, Bernardo Schell. Su planteo hizo referencia a las dos causas vinculadas con la masacre en donde están imputados, con lo cual –argumentó– al declarar como testigos en esta causa se estaría violentando su derecho de defensa. La medida promovió el rechazo de las organizaciones piqueteras (ver aparte) y se evalúa la posibilidad de una respuesta por vía judicial. Ahora todas las expectativas se concentran para el lunes, fecha en la que está citado a declarar –entre otros funcionarios– el presidente Néstor Kirchner que, por el momento, sigue en pie.
Informe: Carolina Keve.