La causa Meller fue uno de los casos centrales que permitieron la eyección de la mayoría automática de la Corte Suprema. Ahora, una nueva decisión judicial suma problemas a la ya compleja situación de María Julia Alsogaray. El juez federal Ariel Lijo procesó a la ex polifuncionaria por los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. También fueron procesados los tres miembros del Tribunal Arbitral de Obras Públicas y tres ex funcionarios de la telefónica estatal por el millonario pago a Páginas Doradas (del grupo Meller) que aprobó la ex liquidadora de ENTel. Todos fueron embargados en 32 millones de pesos. Y los empresarios Sergio y Gustavo Meller obtuvieron una falta de mérito. Esta medida, si bien se produce en la primera instancia judicial, ratifica la irregularidad que tiñó este caso, y refuerza los argumentos de enjuiciamiento y destitución de los ministros que avalaron aquel proceso, incluido el último supremo automático Antonio Boggiano recientemente suspendido por el Senado.
Los ex funcionarios de ENTel procesados son Héctor Raggio (ex jefe de la Auditoría Interna), Gustavo Daneri y Gustavo Cresta (ex gerentes de Asuntos Legales), mientras que los integrantes del Tribunal son Ernesto Schorr, Guillermo Fanelli Evans y Yolanda Eggink. Esta última intervino en el caso como directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y como vocal del Tribunal Arbitral y opinó de diferentes maneras sobre la misma cuestión según el cargo desde el cual se pronunció.
La denuncia fue formulada en julio de 2001 por Manuel Garrido y Marcelo Colombo, por entonces director y coordinador de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA). El juez Jorge Ballestero había archivado el caso pero en julio de 2003 la Sala I de la Cámara Federal porteña le ordenó al magistrado la reapertura y la realización de medidas de prueba, entre ellas la indagatoria de Alsogaray. Así ocurrió y ayer Lijo, actual juez del caso, resolvió procesarla junto a los demás imputados. De todos modos, ordenó una serie de nuevas medidas probatorias que podrían profundizar la acusación a delitos más graves, como el peculado.
Cuando Alsogaray se desempeñó como liquidadora de ENTel, contrató con Páginas Doradas la edición de las guías telefónicas. En noviembre de 1996, Meller reclamó el pago de 28 millones 900 mil pesos por ese trabajo y la ex funcionaria consintió sin discutir. Pero en febrero de 1998 la Procuración del Tesoro opinó que se trataba de un acto irregular que debía ser revocado porque Meller sólo podía aspirar al pago de la publicidad en la guía de 1990. En forma expresa había renunciado a cualquier reclamo por los años 1988 y 1989. Fue entonces que Alsogaray decidió solicitar un dictamen a “destacados juristas”, con el objeto de destrabar el pago. Y fue así que opinaron a favor de Meller los menemistas Rodolfo Barra y Juan Carlos Cassagne. Para sumar apoyos, a mediados de 1999 el Tribunal Arbitral falló a favor del empresario. Para Lijo, los dos representantes del Estado y el de las empresas que lo integraban fundaron su decisión en “hechos falsos”, y esa determinación tuvo como efecto práctico levantar la suspensión del pago que había establecido la propia ENTel. (Alsogaray no revocó su voluntad de pagar sino que suspendió los efectos de la decisión impugnada por la Procuración del Tesoro y la Sigen de aquella época.)
En noviembre de 2002, la mayoría automática pro menemista en la Corte Suprema convalidó el fallo del Tribunal Arbitral y aunque no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo, es decir la legitimidad o no del pago y la operatoria, en los hechos abría la puerta para una erogación a favor de Meller de 30 millones de dólares más cuantiosos intereses. El presidente Néstor Kirchner dispuso por decreto (agosto 2003) la nulidad insanable del pago ordenado por la ex liquidadora de ENTel. De todos modos, nunca se había concretado porque la OA le pidió al ministro de Economía, Roberto Lavagna, que no lo efectivizara.La situación de María Julia Alsogaray queda más complicada aún porque, aunque fue excarcelada, tiene abiertas una docena de causas y corre riesgo de volver tras las rejas.