Todo parece indicar que el testimonio de Néstor Kirch-
ner inaugura hoy una nueva jornada en el juicio por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Mientras se especulaba con que se excusaría por escrito, la posibilidad de que el Presidente se presente en el Tribunal de Lomas de Zamora fue abonada por el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al asegurar que Kirchner “hará todo lo que le indique la Justicia”. En caso de presentarse, el primer mandatario sería indagado por la apertura de los archivos de la Side, pedidos por la querella con la intención de echar luz sobre la responsabilidad del entonces gobierno de Eduardo Duhalde –que no declaró en la causa– en la masacre de Avellaneda.
Sin embargo, el presidente aún puede pedir que se postergue su declaración ante el Juzgado Oral 7 de Lomas de Zamora argumentando que sus responsabilidades de funcionario público le impiden presentarse. En ese caso, el Código Penal de la provincia establece que el tribunal tiene la obligación de arbitrar los medios necesarios para tomarle declaración “en la sede o lugar donde ejerza sus funciones”. La audiencia luego debería notificarse a las partes para que puedan ejercer el derecho de repregunta, ya que el Código Procesal bonaerense no admite las declaraciones por escrito en el caso de los juicios orales.
La citación a Kirchner fue promovida por la querella. La intención es interrogarlo sobre la apertura de los archivos de la Side, decidida por el primer mandatario luego del incansable pedido de los familiares de las víctimas. Se trata de los documentos que habrían circulado por los despachos oficiales días antes de la masacre, en donde se alertaba sobre un presunto “complot” por parte de las organizaciones sociales para hacer caer el gobierno de Duhalde. De esta forma, el material era considerado como un elemento fundamental por los abogados querellantes para dar cuenta de que la masacre fue producto de un plan represivo orquestado por el oficialismo para poner fin a la protesta social. Justamente, uno de los reclamos más frecuentes planteado por los familiares y sobrevivientes de la represión es la necesidad de avanzar sobre la cadena de responsabilidades más allá del ex comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, acusados de ser los autores materiales del asesinato de los dos dirigentes piqueteros.
En este contexto, la decisión de Kirchner de poner los archivos a disposición de la Justicia generó una expectativa que inmediatamente se vio frustrada, ya que el acceso a la documentación fue restringido. Lo único que se consiguió hasta el momento es que el material pueda ser usado para interrogar a los testigos. Pero no se pueden fotocopiar ni tomar notas del material que, con más de 150 fojas, torna cualquier tarea casi imposible. El interrogatorio al Presidente se centraría entonces en analizar las razones por las que se está restringiendo el acceso a los archivos. La medida que viene siendo denunciada por los familiares como un intento por parte del oficialismo para no avanzar sobre los responsables políticos.
Los jueces Elisa López Moyano, Jorge Roldán y Roberto Lugones también citaron para hoy al ex subsecretario de Seguridad Interior Carlos Vila, y Juan Pablo Cafiero, que sucedió como ministro de Seguridad a Luis Genoud días después de la masacre. Cafiero sería interrogado sobre un informe que entregó a Alberto Santillán, padre de Darío, donde se volcaban todas las responsabilidades sobre el ex comisario Alfredo Fanchiotti. Al respecto, los abogados de la querella indicaron: “La pregunta es por qué no investigó la gestión de Genoud e insistió con la teoría del policía loco”.