El socialismo y el radicalismo pusieron en marcha el proceso para impugnar la presentación de las dos listas peronistas de la provincia de Buenos Aires, la que encabeza Cristina Fernández de Kirchner por el Frente para la Victoria y la que tiene a Hilda “Chiche” Duhalde al frente del Partido Justicialista. El argumento del diputado Jorge Rivas y de la titular del radicalismo bonaerense Margarita Stolbizer es que al ser dos vertientes del PJ la pelea debería dirimirse en la interna obligatoria y no mediante dos listas distintas que podrían llevar al peronismo a quedarse con los tres senadores de la provincia. Fuentes de la Justicia Electoral del máximo nivel, consultadas por Página/12, señalaron que es difícil que el planteo prospere: “¿Por qué un juez va a determinar si una ruptura en el peronismo es auténtica? ¿Sobre qué base un magistrado va a fallar que en realidad el PJ es uno solo y ésta es una división ficticia? Elisa Carrió y Ricardo López Murphy pusieron en marcha partidos siendo ellos al mismo tiempo afiliados radicales. Incluso hoy, Enrique Olivera es candidato del ARI siendo afiliado radical y alguien podría exigir que resuelva sus polémicas en una interna radical. El problema es político, no jurídico, y debería resolverse por los votos”, razonó la fuente judicial.
En la presentación realizada ayer por el socialista Rivas se señala que “la presentación de las dos listas, cuyos candidatos o al menos la mayoría de ellos, pertenecen al mismo partido, viola el mandato de la Constitución Nacional”. La Carta Magna establece, en la reforma de 1994 cuando se creó el tercer senador, que corresponden dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, mientras que la restante al partido que le siga. Por ello, Rivas sostiene que se trata de listas de un mismo partido y es violatorio de la Constitución que ese partido se quede con las tres bancas. “Esto es un profundo menoscabo a la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y un franco ataque a la democracia y al sistema republicano de partidos”, concluyó el legislador.
–¿Con qué criterio un juez va a decir que el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista son el mismo partido si han sido legalizados por separado como dos partidos distintos? –preguntó Página/12 a Rivas.
–Cualquier juez argentino lee los diarios y no necesita más que eso para saber que son el mismo partido. Cristina Kirchner y Chiche Duhalde dicen que son justicialistas, ellas mismas lo reconocen. De manera que no hay más que ver la realidad. Además, todos ellos son afiliados al PJ, e incluso Cristina es miembro del bloque del PJ. Está todo muy claro.
–En cualquier lado cuando un partido se divide, los adversarios de ese partido se ponen contentos porque hay más chances de ganar. Aquí ustedes se oponen, ¿cómo se explica?
–Le insisto, esto va contra la Constitución que previó que al Senado se incorpore un legislador por la oposición.
El juez electoral consultado por este diario admitió que el problema no es fácil de resolver. “Las afiliaciones nunca fueron condición ni jugaron un papel decisivo en la conformación de listas. En centenares de casos los afiliados a un partido se presentaron como candidatos de otros. Por ejemplo, el radical Jorge Vanossi estuvo en una lista de otro partido de la ciudad de Buenos Aires siendo afiliado a la UCR. Y eso está implícito en el concepto de candidato extrapartidario. De manera que, a primera vista, no se puede usar la afiliación como parámetro. Entonces se plantea la cuestión de si un partido se dividió o no. ¿Los nuevos partidos, como el ARI o Recrear, son fuerzas nuevas? ¿O siguen siendo el radicalismo? La respuesta parece obvia, son fuerzas distintas. Y si esa es la respuesta para esos casos, ¿con qué criterio tendría que decir un juez que lo del Frente para la Victoria no es un partido nuevo, distinto al PJ? ¿Cómo se evalúa el grado de autonomía de uno respecto del otro? ¿Un juez debe decir usted es del PJ y usted también porque no me creo que estén divididos?”
A todos estos interrogantes el magistrado agregó que no hay legislación categórica sobre esta cuestión, por lo que consideró que el problema es político y no judicial. De paso, reiteró un dato de impacto: en 2001 había 600 partidos a nivel nacional, hoy prácticamente la cifra llega a 1200. “¿Hay tantas identidades políticas en este país o estamos ante una crisis gravísima del sistema de representación? ¿Cómo se hace para controlar 1200 partidos?”, terminó razonando el magistrado.
Más allá de estas opiniones, el primer paso lo tendrá que dar Manuel Blanco, juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo que resuelva seguramente será apelado, por lo que el expediente llegará a la Cámara Nacional Electoral y al tratarse de una cuestión constitucional podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.