Mediante un escrito judicial, Néstor Kirchner declaró en el juicio oral por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Además de explicar su ausencia en el Tribunal de Lomas de Zamora por “razones de agenda”, el Presidente recalcó la vocación que mantuvo desde el comienzo de su mandato de colaborar con la Justicia. A ello ayer se sumó un pedido por parte de los abogados del CELS para que la presentación del primer mandatario quede suspendida hasta tanto no se cuente con mayores pruebas sobre la presunta participación de la SIDE en la represión.
Además de excusarse haciendo referencia a sus responsabilidades como funcionario público, Kirch-ner destacó que cuando sucedió la masacre no estaba en el Ejecutivo sino que se desempeñaba como gobernador de Santa Cruz. Para los abogados querellantes, la mención carece de justificación, ya que el primer mandatario “en ningún momento fue vinculado a la represión en el Puente Pueyrredón”, y lo que se pretendía con su declaración era profundizar los detalles sobre la apertura de los archivos de la SIDE.
El material –que quedó a disposición de la Justicia, pero cuyo acceso está completamente restringido– es considerado como un elemento fundamental para avanzar sobre los responsables políticos de la masacre, ya que se trataría de los documentos que circularon por los despachos oficiales, días antes de la represión, con la intención de caldear las versiones sobre un presunto “complot” organizado por los movimientos piqueteros para hacer caer al gobierno de Duhalde. En este sentido, durante la audiencia de ayer, la querella volvió a solicitar que sean identificados los funcionarios de la SIDE y que se les permita declarar en la causa. El pedido además se reforzó con un nuevo argumento, que hizo referencia a la necesidad de dilucidar la intención de un informe de inteligencia elaborado días previos a la masacre, donde se planteaba que frente a la protesta social “la actuación del Estado debía ser ejemplar”.
Ante los planteos formulados por los abogados querellantes y por el propio Kirchner, la declaración del primer mandatario quedó por el momento suspendida. Según explicó a este diario el abogado del CELS, Rodrigo Borda, en caso de que se reitere la citación, el primer mandatario no podrá hacerlo por escrito, ya que el Código Penal de la provincia no permite dicho procedimiento en los juicios orales.
Quien sí se acercó a los Tribunales de Lomas de Zamora para declarar fue el ex secretario de Seguridad Juan Pablo Cafiero, sucesor de Luis Genoud, quien ocupaba ese cargo cuando se produjo la masacre. Al ser cuestionado por los informes que su cartera realizó días después de la represión, Cafiero destacó el hecho de que las comunicaciones que mantuvieron los efectivos de la Policía Bonaerense ese día, durante las 12 y las 14, no quedaron registradas. Justamente se trata de la franja horaria donde se produjeron los asesinatos. “Es un espacio en blanco que se opone al procedimiento habitual y despierta incógnitas sobre quién tomaba las decisiones que llevaron a una tragedia”, expresó el funcionario, actualmente a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Su testimonio fue seguido con atención por los familiares de las víctimas, ya que abre la posibilidad de avanzar sobre la cadena de mandos.
Durante su declaración, Cafiero también hizo referencia al perfil del ex comisario Alfredo Fanchiotti. “Los antecedentes del legajo lo mostraban como un hombre con experiencia, que podía manejar situaciones así”, aseguró. De esta forma, contradijo el informe que el gobierno de Felipe Solá había entregado a los familiares de las víctimas. Mientras el documento se encargaba de destacar “el particular y personal ensañamiento del comisario con Darío Santillán”, abonando la versión de que la represión fue producto de un mero exceso policial, Cafiero aseguró que Fanchiotti “era un hombre que podía controlarse”.
Según destacaron los abogados querellantes, la afirmación contribuirá también para arrojar luz sobre las responsabilidades políticas en el operativo. “Su declaración entra en concordancia con lo que venimos planteando acerca de que, durante los días previos a la masacre, existía un marcado clima social donde se hablaba de reprimir”, valoró el abogado Claudio Pandolfi. Justamente en esta dirección también había avanzado el testimonio que el jueves dio el ex titular de Gendarmería Hugo Miranda, al asegurar que ese día recibió la orden del ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez, para no dejar pasar a los movimientos piqueteros a Capital Federal.