Cuando están por cumplirse once años del atentado a la AMIA, el gobierno nacional reconoció ayer, a través de un decreto, la responsabilidad del Estado por no haber investigado debidamente el ataque terrorista ni haberlo prevenido pese al antecedente de la Embajada de Israel. El Poder Ejecutivo admitió que se violaron los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva. Se comprometió a adoptar medidas para “la recuperación de la verdad” y anunció que se promoverá una ley de reparación a las víctimas.
El pronunciamiento oficial tiene su origen en una denuncia que habían presentado los familiares de las víctimas nucleados en Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una reunión convocada por el organismo internacional que se hizo en marzo comenzó un proceso de solución amistosa. En aquel entonces el Gobierno hizo un primer reconocimiento de la responsabilidad estatal y se comprometió a difundir esa postura, por ejemplo, a través de un decreto como el que acaba de suscribir. Afirmó también que “existió encubrimiento de los hechos y medió incumplimiento grave de la función de investigación”, tal como quedó claro con la sentencia del Tribunal Oral 3 del año pasado.
“Esta es la única posibilidad que nos queda de encontrar la verdad”, dijo Diana Malamud, de Memoria Activa. “Esperamos que se juzgue y castigue a todos los responsables materiales e intelectuales del atentado en sí y a todas las personas que participaron del encubrimiento y que hacen que hoy, a once años de la masacre de nuestros familiares, no tengamos absolutamente nada y que la causa AMIA esté prácticamente a foja cero”, añadió. Víctor Abramovich, director ejecutivo del CELS, elogió el decreto presidencial por su “valor histórico” y sostuvo que el caso AMIA puso en evidencia “la debilidad de las instituciones democráticas en la Argentina”.
El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, fue el encargado de anunciar la firma del decreto en una conferencia de prensa, después de participar de una reunión encabezada por Néstor Kirchner. “El gobierno nacional no solamente reconoce su responsabilidad por la denegatoria de justicia y las consecuencias de la falta de esclarecimiento sino que también se compromete a acciones concretas”, anunció Rosatti. “Otros gobiernos no habían reconocido esta responsabilidad”, dijo Rosatti.
En base al acuerdo firmado en Washington ante la CIDH, el Poder Ejecutivo se comprometió a implementar medidas de distinto tipo, de apoyo a la investigación, que aparecen detalladas en el decreto:
u Se propone fortalecer la Unidad fiscal Especial AMIA del Ministerio Público así como la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia (por ejemplo dándole facultades para ser querellante); profundizar el relevamiento de archivos del caso que están en poder de la SIDE y de las fuerzas de seguridad; extender el relevamiento a la Dirección de Migraciones; crear una unidad especializada en catástrofes que sirva no sólo para atender emergencias sino también para recolectar y proteger pruebas en casos criminales.
u Impulsará reformas legales para transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la SIDE y facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces.
u Promoverá una ley de reparación a las víctimas del atentado terrorista.
Rosatti advirtió que la Casa Rosada sigue muy de cerca los procesos judiciales sobre el caso AMIA: “el que está vinculado con el esclarecimiento del atentado” y “el vinculado con el encubrimiento de los hechos para evitar que se logre la verdad”.