Alrededor de 60 piqueteros que mantenían ocupada una planta de Repsol-YPF en la localidad santacruceña de Cañadón Seco quedaron detenidos tras ser desalojados a través de un fuerte operativo de seguridad. La toma había comenzado el martes en reclamo de puestos de trabajo. Los dirigentes del Polo Obrero (PO), una de las organizaciones que participaba en la movilización, denunciaron el uso de gases lacrimógenos y palos por parte de los efectivos para reprimir a los desocupados. Según datos oficiales, en la operación intervinieron más de 500 agentes y diez personas tuvieron que ser hospitalizadas.
Los incidentes ocurrieron el miércoles por la tarde. Si bien hasta el momento no hay una cifra oficial, se estima que unos 60 piqueteros quedaron detenidos. Miembros de las organizaciones sociales calculan que el número es mayor, ya que horas después varios familiares fueron encerrados por romper el vidrio de la comisaría. Según contó Pablo Robles, vocero del PO, las familias de los presos estaban reclamando por las malas condiciones de detención.
“Hay compañeros que fueron salvajemente golpeados y fueron detenidas mujeres embarazadas. Algunos están atados con alambre y otros fueron tirados en los patios de la comisaría donde la temperatura alcanza los cuatro grados bajo cero”, expresó el dirigente, quien también denunció la detención de 16 menores de edad. Miguel Aguirre, director del Hospital Pedro Tardino de Caleta Olivia, informó además que diez personas tuvieron que ser asistidas en la guardia. La mayoría ya fue dada de alta.
El ministro de Gobierno provincial, Roque Ocampo, respondió las acusaciones de las agrupaciones. “Al representar un peligro para la sociedad y para ellos mismos se determinó el desalojo. La política de este gobierno es mantener la paz social”, dijo el funcionario, quien aseguró que los manifestantes tenían “bombas molotov y armas blancas”.
La localidad de Cañadón Seco se encuentra a 50 kilómetros de Caleta Olivia. Durante el último mes se realizaron allí una serie de movilizaciones que también incluyó cortes en las rutas provinciales 12 y 99. Desde el martes, alrededor de un centenar de desocupados se instalaron en la planta deshidratadora de Repsol-YPF. La petrolera presentó entonces una denuncia y la jueza Marta Yáñez ordenó el desalojo.
La empresa emitió un comunicado donde aseguró haber cumplido con los compromisos que las organizaciones sociales les reclaman. “Se otorgó un beneficio a 305 personas con un subsidio mensual, la asistencia a cursos de capacitación y el compromiso de su inserción progresiva”, destacó el documento. Los piqueteros, por su parte, expresaron que la empresa no ofrece ninguna garantía y que lo único que propone “es la incorporación de nuevos trabajadores recién en los próximos 60 días”.
Los hechos de ayer se sumaron a los conflictos que se vienen suscitando en la provincia y que tuvieron como pico de tensión el desalojo de una planta de Termap en Caleta Olivia en septiembre del año pasado. En esa ocasión quedaron detenidos seis piqueteros, lo que motivó el reclamo de varios diputados y organismos de derechos humanos. Finalmente, los militantes fueron liberados ocho meses después, tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial que decidió que la medida afectaba “la garantía constitucional del debido proceso”.

Informe: Carolina Keve.