No fumaron la pipa de la paz, pero hubo un modesto adelanto ayer en una reunión entre el canciller Rafael Bielsa y su par uruguayo Reinaldo Gargano por el conflicto a raíz de dos plantas de celulosa que se instalarán en la orilla uruguaya y que podrían contaminar la localidad entrerriana de Gualeguaychú. Los diplomáticos acordaron reflotar la comisión bilateral que debe analizar el impacto ambiental de las fábricas, aunque no fijaron plazos. Por su parte, Gargano sostuvo que la polémica “la va a decidir el Banco Mundial”, a pesar de que dijo que “existe un 99 por ciento de acuerdo y un uno por ciento de desacuerdo” entre los países.
Bielsa y Gargano se reunieron ayer durante una hora en el subsuelo del hotel Sheraton Pilar, donde se desarrolló el encuentro de cancilleres del Grupo de Río (ver aparte). Ninguno cambió su posición con respecto a las plantas que se construirán en Fray Bentos e implican una inversión de 1800 millones de dólares para Uruguay, por parte de capitales españoles y finlandeses. Se estima que crearán cerca de ocho mil puestos de trabajo. La controversia, que subió de tono en las últimas semanas, se debe a que el método que utilizan las papeleras para producir la celulosa deja entre uno y tres kilos de dióxido de sulfuro, que se caracteriza por su olor a huevo podrido. Al evaporarse, este residuo genera lo que se conoce como “lluvia ácida”, que pondría en grave peligro el ecosistema.
La comisión, que acordó el presidente Néstor Kirchner con su par Tabaré Vázquez cuando este último visitó la Argentina, está integrada por técnicos ambientalistas de ambos países. Quedó congelada cuando Uruguay faltó a las dos últimas reuniones, en respuesta a presiones de la Argentina para congelar los fondos de la construcción. El resultado de sus estudios, de todas formas, no es vinculante. De allí que Gargano considere que el resultado se dirimirá en el Banco Mundial, que aportará el 8 por ciento de la financiación de la construcción de las papeleras y cuyos créditos tienen una cláusula ecológica. “El diferendo se va a resolver allí”, insistió el canciller uruguayo, que volvió a aclarar que “la decisión es de Uruguay”.
Por su parte, Bielsa sostuvo que “solucionar este tema de manera madura pone a prueba el tenor de la relación” entre los países. Además, planteó que el gobierno argentino esperará el resultado del informe técnico bilateral. El breve comunicado que emitieron las Cancillerías se limitó a señalar que la comisión “se reunirá a la brevedad y emitirá su primer pronunciamiento dentro del plazo establecido de 180 días”. Desde la Cancillería argentina explicaron que no hay un plazo concreto para el comienzo de la comisión, que se reunirá “en breve”.
–¿Qué pasa si empiezan a construir antes de que se reúna la comisión? –le preguntó Página/12 a un funcionario de Cancillería.
–La construcción no significa el funcionamiento. Ese es un riesgo que asumen tanto el gobierno uruguayo como las empresas. La construcción no está en discusión, no podemos objetarla, lo que podemos objetar es que se contamine.
Fuera del hotel Sheraton Pilar, un grupo de vecinos de Gualeguaychú hizo una manifestación en contra de que se instalen las papeleras y entregaron un petitorio a las autoridades uruguayas. En tanto, vecinos de Fray Bentos y de la ciudad entrerriana también se movilizaron en Montevideo contra la contaminación que podrían producir las dos plantas. El vocero de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Andrés Rivas, sostuvo: “Peleamos por nuestro presente y por el futuro de nuestros hijos”.

Informe: Werner Pertot.