La Empresa Nacional de Celulosas Españolas (ENCE), una de las dos papeleras que pretende instalarse en Uruguay a pesar del firme rechazo expresado por el gobierno argentino por los posibles daños ambientales que podrían generar, no suma buenos antecedentes en lo que a protección ecológica se refiere. Según informó la Justicia española, la compañía fue condenada en ese país hace tres años por contaminación bajo la figura de “delito ecológico continuado”.
La fábrica de ENCE está instalada en la localidad gallega de Pontevedra desde 1957. Según estableció la Justicia de ese país, en estos años ha contaminado las aguas marinas y el aire a través de distintos vertidos industriales y emanaciones tóxicas. Justamente la decisión del tribunal español fue la que promovió la instalación de la compañía en el pueblo uruguayo de Fray Bentos. Además de la obligación de desmantelar las instalaciones, la Audiencia Provincial de Galicia condenó a los directivos de la empresa al pago de una multa.
La instalación de la papelera española en Uruguay, junto con la finlandesa Fotnia, viene siendo fuente de conflicto con el gobierno argentino. El viernes los cancilleres de ambos países, Rafael Bielsa y Rolando Gargano, intentaron bajar el tono a la disputa con la promesa de reimpulsar una comisión binacional para analizar el tema. La organización estaría integrada por especialistas en impacto ambiental, quienes tendrían la responsabilidad de elevar un informe con las posibles consecuencias del funcionamiento de las papeleras en el río Gualeguaychú en Entre Ríos.
A pesar de la propuesta, los vecinos de esa provincia retomaron los reclamos el domingo con un corte del puente internacional que une a la localidad con la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Por su parte, el gobernador entrerriano, Jorge Busti, anunció que en caso de no recibir ninguna respuesta del gobierno de Tabaré Vázquez, presentará una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos “en defensa de la vida y la salud”.