Las vacaciones de invierno terminaron y los conflictos docentes comenzaron con fuerza. En la provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Entre Ríos y Corrientes las clases virtualmente se postergaron por las huelgas impulsadas por los distintos sindicatos. Desde el gobierno nacional observan con preocupación la escalada de conflictos. El ministro Daniel Filmus estuvo reunido la semana pasada con algunos de sus pares provinciales y la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) para tratar de encauzar una negociación que permita cumplir por lo menos sin sobresaltos el calendario escolar hasta fin de año. Un escenario de calma antes de las elecciones de octubre es prioritario para el objetivo oficial de sancionar la Ley de Financiamiento Educativo el próximo 11 de septiembre, Día del Maestro.
La huelga de 48 horas dispuesta por el Frente Gremial Docente, integrado por la FEB y el Suteba, en territorio bonaerense es la de mayor repercusión por los casi cuatro millones de alumnos que asisten a las escuelas provinciales. Con la jornada de hoy se llevan perdidos diez días de los 180 previstos en el calendario escolar. Anoche, el gobernador Felipe Solá estaba reunido con el director general de Escuelas, Mario Oporto, para tratar de encontrar una fórmula que impida el crescendo del conflicto.
La alternativa para retomar las negociaciones es el ofrecimiento de un cronograma de incorporación progresiva al sueldo básico de algunas de las sumas fijas. “Actualmente, el básico de Buenos Aires es de apenas 300 pesos, aunque con los adicionales se llegue a 700 pesos, para incorporar los 90 pesos de presentismo al básico –sobre el cual se calcula la antigüedad y se realizan los descuentos sociales y previsionales– la provincia necesita invertir 500 millones de pesos”, explicó a Página/12 un dirigente gremial. El gobernador Solá le dio el visto bueno a Oporto para que Economía evaluara esa posibilidad.
Desde el gobierno provincial explicaban que se puede conversar la forma de ir blanqueando los salarios pero a condición de que hasta fin de año no haya más medidas de fuerza. Un requisito de difícil digestión para la dirigencia gremial, máxime en un semestre signado por la contienda electoral.
En Buenos Aires se reproducen en mayor magnitud los mismos problemas que en gran parte de las jurisdicciones que otorgaron incrementos salariales para elevar los pisos y achataron la pirámide salarial al no incorporar las sumas al básico. La Nación con el financiamiento de los 110 pesos que se pagan como incentivo salarial por cargo más algunos aportes extras contribuyó para que el piso inicial en todo el país se eleve a 700 pesos, pero las distorsiones se acentuaron y no pudo conjurar la escalada de conflictos. “Pasan cosas increíbles, en Córdoba, por ejemplo, los maestros ganan 720 pesos, mientras que los porteros y cocineros, como están agremiados con los estatales, cobran 830 pesos, es decir que la provincia les da aumento a los estatales aprovechando que la Nación le financia los 110 pesos del incentivo salarial”, comentaba un dirigente gremial.
En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) cumplirá hoy la segunda jornada de un paro de 72 horas tras el rechazo a la propuesta salarial del gobierno. Reclaman un básico de 760 pesos actualizados por inflación. En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia (Uepc) está cumpliendo igual medida de fuerza también en rechazo de la oferta oficial y ayer realizó una multitudinaria marcha por el centro de la capital provincial. Carmen Nebreda, titular de la Uepc, calificó de “insuficiente” y “discriminatorio” el aumento que ofrece el gobierno, porque lleva el sueldo inicial del maestro a menos de 800 pesos mensuales, con 124 pesos de aumento “cuando para el empleado público la mejora mínima fue de 250 pesos”. En Corrientes el paro fue dispuesto por 24 horas por la Asociación Correntina de Docentes Provinciales y el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes. La medida se lanzó luego de que los maestros fueran exceptuados de un aumento de 100 pesos que el gobierno provincial otorgó a los empleados públicos. En tanto, en San Juan, donde los docentes iniciaron ayer un paro de 48 horas, el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria y anunció que les descontará el día a los que se adhieran a la huelga.
El mosaico salarial hace estallar el propósito de la ley que estableció, en el 2003, 180 días de clase como mínimo para todo el país. La solución global al complejo tema del financiamiento educativo en un país federal donde la desigualdad es la regla sigue irresuelta. El presidente Néstor Kirchner prometió el 1º de marzo al iniciar las sesiones ordinarias del Congreso que enviaría un proyecto de ley de financiamiento para en cinco años elevar la inversión al 6 por ciento del PBI –meta que en realidad se debería haber cumplido en el ’98, según establece la Ley Federal de Educación–. Actualmente la inversión ronda el 4 por ciento, en valores reales faltan 9 mil millones, que proyectando el crecimiento del PBI al 2010 se elevan a 24 mil millones más.
Esta semana, Educación les presentará a los gremios el borrador definitivo de ese proyecto con la intención de que el Congreso sancione la ley el 11 de septiembre. Un objetivo que tiene que superar la valla de la interna duhaldista-kirchnerista que paralizó el funcionamiento del Poder Legislativo.