El Gobierno condenó a Loma Negra y al resto de las compañías cementeras que operan en el país a pagar una multa por un total de casi 310 millones de pesos por considerarlas responsables de prácticas competitivas que “aumentaron los precios y se repartieron el mercado en perjuicio de los consumidores”. Según señaló el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se trata de “la multa más importante que se aplicó” desde que existe la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En efecto, la sanción triplica en pesos e incluso supera en dólares a la que en su momento le impusieron a YPF por prácticas oligopólicas en el negocio de las garrafas.
La multa más alta por 167,2 millones de pesos le correspondió a Loma Negra junto a su controlada Cementos San Martín, empresas que Amalia Lacroze de Fortabat acaba de vender en más de 1000 millones de dólares al holding brasileño Camargo Correa, en una operación que todavía está sujeta a aprobación gubernamental (ver reportaje). A Juan Minetti, del grupo suizo Holderbank, le impusieron un cargo de 100,1 millones; a Cementos Avellaneda, del grupo español Molins, 34,6 millones; y a Petroquímica Comodoro Rivadavia, 7,3 millones. También fue condenada a pagar algo más de medio millón de pesos la Asociación de Fabricantes de Cementos Portland (AFCP), la cámara empresaria que cumplía un rol importante en las maniobras condenadas.
La causa que derivó en la histórica sanción que se remonta al año 1999, cuando el entonces secretario de Industria del menemismo, Alieto Guadagni, ordenó una investigación de oficio a raíz de una denuncia publicada en la revista Veintidós. Dicha nota se basaba en el testimonio y en profusa documentación aportada por Luis Jorge Capurro, un ex gerente de Loma Negra que, arrepentido de lo que hizo, reveló en detalle cómo funcionó durante largos años lo que se conocía como “Club de Cemento” o “Mesa de Acuerdos”: un sistema cartelizado de reparto de mercado y fijación concertada de precios violatorio de la Ley de Defensa de la Competencia.
Luego de un primer impulso, durante el gobierno de la Alianza el expediente avanzó poco y nada, pero recobró dinámica hace un par de años. El 30 de abril pasado este diario adelantó que el oligopolio cementero “está próximo a ser severamente sancionado”.
Tal como se informó ayer en conferencia de prensa encabezada por Lavagna, las conductas sancionadas fueron dos:
- “Concertación de cuotas y participaciones a escala nacional en el mercado de cemento portland, organizado y monitoreado a través de la AFCP, a través de la cual se acordaban precios y demás condiciones comerciales en diferentes zonas del país”;
- “Concertación para intercambiar información competitivamente sensible referida al mercado, instrumentada a través de la AFCP. La información intercambiada presentaba un altísimo grado de detalle permitiendo determinar el volumen de despacho de cada empresa, mensual y hasta semanalmente, y discriminado por localidad.”
La investigación realizada por la CNDC demostró cómo desde la creación del Club o Mesa de Acuerdos en 1981 hasta 1999 se mantuvieron casi inalterados los porcentajes de participación de cada grupo en el mercado, liderado por Loma Negra con algo menos de la mitad. La documentación que Capurro fue guardando en un meticuloso trabajo de hormiga (actas de las reuniones, correos electrónicos, planillas, etc.), también revelaba el reparto entre las empresas de la provisión de cemento en las licitaciones públicas, previa coordinación de precios superiores a los que hubieran surgido de la libre competencia.
Además de la documentación recopilada por el arrepentido, en la investigación de la CNDC resultó clave un allanamiento realizado apenas iniciado el expediente a la cámara empresaria, donde se secuestró material probatorio de la existencia de un sistema de intercambio de informaciónque servía para la concertación de precios artificialmente altos y el reparto de mercado.
La documentación de Capurro también fue acreditada a través de averiguaciones en los hoteles donde con frecuencia se realizaban las reuniones de la Mesa o el Club.
De acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, la CNCD actúa como justicia de primera instancia, y sus decisiones son apeladas ante Cámara en la Justicia Federal. La CNCD también tiene competencia para aprobar o denegar las operaciones de compra o fusión de empresas como la que está en trámite respecto de Loma Negra. Si bien en el Gobierno no cayó bien la venta por parte de Amalita a los brasileños, funcionarios de Economía dijeron ayer a Página/12 que la operación está recién comenzando a evaluarse y que en nada influye la sanción anunciada ayer en la decisión que vaya a adoptarse (ver entrevista).
Si bien la multa por más de 100 millones de dólares no tiene precedente y fue definida en base al “beneficio ilícito obtenido”, según otros cálculos las ganancias extraordinarias que las empresas obtuvieron a lo largo de los dieciocho años analizados habrían sido mucho mayores. Por ejemplo, el economista del grupo Fénix Jorge Gaggero estimó para el caso de Loma Negra que si no hubiera aprovechado de prácticas abusivas su valor de venta debería haber sido la mitad de los más de 1000 millones de dólares que están dispuestos a pagar los brasileños.
A todo esto, la vida del arrepentido Luis Jorge Capurro es todo un misterio. Luego de la publicación original hace seis años, el informante sufrió varias amenazas de muerte por teléfono, y en una ocasión trataron de embestirlo con un auto al cruzar la calle en el domicilio donde vivía en Palermo. El último contacto con este periodista fue por vía de una carta que Capurro envió con fecha 15 de marzo de 2000, dando cuenta de las peripecias que había soportado y manifestando su escepticismo por el avance de la investigación. Desde entonces su paradero es desconocido (se sabe que vivió un tiempo en el interior del país y otro período en el extranjero), y todos los intentos de la Comisión para encontrarlo y contar con su testimonio resultaron en vano. Cuando se entere de la histórica decisión de ayer, seguramente Capurro se sentirá satisfecho.