La llegada de Alberto Iribarne al Ministerio de Justicia no promete grandes cambios, al menos para los primeros tiempos. “No se producirá una abrupta ruptura”, dijo al rato de asumir ayer a la mañana. Fiel a su trayectoria, este funcionario que pasó por todos los gobiernos justicialistas nostró, en diálogo con Página/12, que prefiere ahorrar confrontaciones. De su parte no habrá impulso para la depuración de lo que queda de la vieja Justicia Federal y buscará aceitar el diálogo con la Corte Suprema. Anunció que alentará una reforma del Código Penal que devuelva proporcionalidad a las penas.
–¿Por qué el Ministerio de Justicia es el único que no logra estabilizarse y, con usted, va por su tercer titular?
–Creo que es casualidad. En el caso del relevo de (Gustavo) Beliz el cambio estuvo más asociado a reajustes en seguridad y en el de (Horacio) Rosatti es por cuestiones personales y porque no quiso ser candidato.
–Lo que está claro es que los ministros de Justicia de este gobierno empiezan amigos del Presidente y terminan peleados, o distanciados. ¿Supone que a usted le podría pasar lo mismo?
–Peleados no terminan. Por mi parte, soy optimista por naturaleza.
–Usted estuvo con Carlos Menem, con Eduardo Duhalde, con Domingo Cavallo. ¿Por qué se hizo kirchnerista?
–Soy peronista desde los sesenta. No fui funcionario de ningún gobierno militar. Tampoco del gobierno de Alfonsín, aunque valoro lo que hizo. Participé en el de Menem entre 1993 y 1997. Me fui porque discrepaba con la reelección. Al tiempo empecé a trabajar con Duhalde en la campaña. No tuve cargos en la Alianza. Cuando asumió Duhalde me convocó para la Casa de la Moneda y después como secretario de Seguridad. Kirchner me llamó para la sindicatura y hace justo un año para la Secretaría de Seguridad.
–Entonces, ¿se hizo kirchnerista por las circunstancias?
–Apoyo la gestión de Kirchner como expresión del peronismo hoy. Acuerdo con su política en materia de derechos humanos, militar, social, de deuda externa.
–¿Qué tuvo que ver Alberto Fernández en su acercamiento y nombramiento?
–Tengo relación por el PJ porteño, pero el que me llamó fue Kirchner.
–¿Qué quiso decir al anunciar que priorizará la relación con el Poder Judicial?
–Que apoyaremos la tarea del Poder Judicial para que todos los ciudadanos tengan acceso igualitario a la Justicia. Y que respetar su independencia no significa que no haya contacto o diálogo.
–¿Falta diálogo con los jueces? En el Gobierno se quejan de la Corte.
–Es insuficiente. Siempre tiene que haber más diálogo, es uno de los objetivos. Supongo que lo lograremos. Aunque en la asunción no estuvieron los jueces de la Corte, ya hablé con el presidente, (Enrique) Petracchi. Es que entre la renuncia de (Horacio) Rosatti y mi jura fue todo muy rápido.
–¿Está bien que el Gobierno opine sobre fallos, como ocurrió con los casos de Omar Chabán y María Julia Alsogaray?
–Fueron opiniones excepcionales, no hay una opinión sistemática que genere interferencias. Se puede opinar sobre un caso aislado.
–¿Apoya el ofrecimiento de Kirchner a León Arslanian para ir a la Corte?
–No sé si hubo un ofrecimiento concreto, pero es muy buen candidato.
–¿A pesar de que ya hay dos penalistas en el tribunal?
–Es una buena pregunta. Pero no importa, él es un hombre de Derecho.
–Seguramente habrá dos vacantes. ¿Deberían nombrar a un radical?
–Puede ser, pero no lo tengo definido. Primero tiene que tener idoneidad.
–¿Cómo ve a la nueva Corte?
–Hubo buenas designaciones, es un tribunal equilibrado.
–¿Tendría que tener menos integrantes?
–Me parece que no importa, no voy a impulsar su achicamiento. Es más importante acotar el número de causas que trata.
–¿Qué cambios promoverá en la Justicia federal porteña?
–Ya se han producido nuevas designaciones en el último año. En cuanto a la unificación del fuero, fue declarada inconstitucional por la Cámara.
–¿No falta depurar una parte del fuero todavía?
–No me gusta hablar de depuración. Uno tiene que tratar con lo que existe y si aparecen hechos nuevos y denuncias, se verá si se producen o no los cambios. Hay mecanismos institucionales para eso.
–La Oficina Anticorrupción (OA) se queja por las demoras en las causas.
–Es un tema que preocupa, hay que acelerar. La reforma que impulsó Arslanian cuando fue ministro de Justicia en los noventa fue importante, pero hay que avanzar más para abreviar plazos, dar más facultades a los fiscales y tener una policía de investigación eficiente dotada de tecnología. Convocaríamos a una comisión para armar un proyecto.
–¿Intentará reformar también el Código Penal?
–Por las numerosas modificaciones parciales de los últimos tiempos el Código perdió su lógica. Hay que ajustar las penas para cada delito.
–¿Qué consecuencias tienen los desfasajes entre las penas? ¿El endurecimiento de penas promovido por Blumberg sirvió de algo?
–Es uno de los temas que hay que analizar. Hay que cuidar que haya proporcionalidad. Un delito contra la vida no puede tener menos pena que uno contra la propiedad. Hubo muchas leyes que se sancionaron al calor de los reclamos de la sociedad, como el caso Blumberg.
–Hace un año que están presos los manifestantes de la Legislatura. ¿Está bien que estén detenidos, aun sin pruebas?
–No puedo opinar, está la Justicia actuando. Supongo que habrán valorado las pruebas correctamente. No hay por qué pensar que lo hicieron mal.
–Rosatti atinó a hacer alguna gestión para revisar la situación.
–Creo que no hay que interferir, es una causa en trámite.
–¿Usted cree que los jueces abusan de la prisión preventiva?
–Puede ser que a veces haya abuso. Debe prevalecer el principio de inocencia y usarse como recurso excepcional.
–Está pendiente un proyecto para amnistiar a los procesados sociales. ¿Usted lo va a reflotar?
–No lo conozco. Yo he sostenido que no hay que criminalizar la protesta social, pero si se cometen delitos al amparo de la protesta corresponde que actúe la Justicia. Pero no entiendo que haya presos sociales.
–Las ONG de derechos humanos manos hablan de 4000 procesados sociales.
–Me parece exagerado.
–La tendencia ha sido criminalizar las protesta menos organizada. ¿El Gobierno teme desbordes?
–No. La protesta ha ido perdiendo efectividad para transformarse en una forma de acción política. Son cada vez menores. El contexto social cambió.
–¿Qué hará para descomprimir las cárceles y comisarías?
–En la provincia de Buenos Aires se están construyendo nuevas cárceles y el gobierno nacional va a construir cárceles federales en Mercedes, ampliará Marcos Paz, Ezeiza y va a colaborar en lo que se pueda para reducir la cantidad de detenidos en comisarías. Hay que entender siempre que el desempleo, la marginación y la inequidad en la distribución del ingreso influyen en el aumento del delito. Para disminuirlo hacen falta políticas de crecimiento desde el Estado, fuera del área de seguridad.
–¿Tiene en mente algún régimen para menores alternativo a la cárcel?
–Se podría debatir un sistema integral para menores, para garantizar su derecho de defensa. El tema está en el Congreso.
–¿Acuerda con bajar la edad de imputabilidad a 16 años?
–Yo pienso en un sistema. Podrían ser imputables, pero no simplemente para juzgarlos como si fueran adultos menores de 16 años sino en un contexto de contención y de protección.
–Rosatti nunca elevó un proyecto de la OA para exigir al Ejecutivo que desclasifique los decretos secretos de reasignación de fondos reservados que pudieron servir para sobresueldos y otros usos ilegales. ¿Lo elevará?
–Lo tengo que ver. Creo que, por ejemplo, no habría que desclasificar algunos decretos de la Secretaría de Seguridad de este año. Pero si lo pide el juez y sirve para la investigación habrá que analizarlo.
–Cuando usted fue funcionario en el menemismo, ¿supo de los sobresueldos?
–No. Y nunca recibí sobresueldos. Sólo supe lo que luego salió en los medios.
–¿Desde su ministerio intentarán recuperar la plata de los sobresueldos?
–Me parecería bien que los condenados devuelvan, pero es algo que pide el fiscal y que puede ser parte de la condena.
–¿Va a impulsar la nulidad de los indultos?
–Lo debe resolver la Justicia y seguro lo hará según la doctrina de la Corte al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
–¿Argentina debe extraditar a los represores reclamados por España?
–No, porque estando invalidadas las leyes de punto final y obediencia debida hay tribunales en condiciones de juzgarlos acá.