El presidente Néstor Kirchner les reclamó hoy a las empresas prestatarias de aguas que actúan en el país que “cumplan con los servicios” que necesita el pueblo, para que los argentinos “puedan acceder” al agua potable. Durante un acto público, Kirchner se quejó por la falta de agua corriente y cloacas en gran parte del núcleo urbano de Buenos Aires, la zona del servicio de la compañía, controlada por la francesa Suez por medio de una sociedad con la española Aguas de Barcelona (Agbar). Al Gobierno “no le interesa tener empresas prestatarias que no cumplan con los servicios al pueblo”, subrayó. “Queremos que cumplan con los servicios que requiere el pueblo y van a tener que cumplir, porque vamos a tomar todas las medidas y caminos que sean necesarios”, agregó el jefe del Estado.
Las declaraciones de Kirchner se producen un día después de que el directorio de Aguas Argentinas pidiera al Gobierno que en un plazo de 30 días tome las “medidas conducentes para restablecer el equilibrio de su contrato” de concesión. Aguas Argentinas le comunicó también al Gobierno que la iniciativa que la UniRen le envió en las últimas horas “no contiene ninguna propuesta económico-financiera”. “El directorio de Aguas analizó la respuesta recibida del Gobierno a su presentación del pasado 7 de julio” y que en ella “ha constatado que la misma no considera las propuestas hechas por la empresa, pero tampoco ofrece alternativas”, comunicó la empresa.
El grupo Suez es el operador y el mayor accionista de la compañía, con 39,93 por ciento, y es además dueña de una parte importante del otro accionista, Aguas de Barcelona (25,01 por ciento), que anticipó que seguirá la decisión de la firma gala. Ninguna de las partes ha divulgado hasta el momento detalles de las últimas propuestas intercambiadas, aunque se conoce que la puja gira en torno de los planes de inversión y los aumentos de las tarifas, congeladas desde inicios de 2002 por la crisis económica. El grupo Suez, que exige un aumento de las tarifas de entre el 15 y el 20 por ciento, amenazó con abandonar la concesión si el gobierno argentino no cede en su postura.
A finales de 2003, el Gobierno abrió el diálogo con las compañías para renegociar los 62 contratos de concesión de los servicios públicos, proceso que debe ser ratificado en cada caso por el Parlamento. Las autoridades nacionales pusieron como condición para alcanzar un acuerdo que la empresa desista de la demanda presentada ante el Ciadi en julio de 2003.